Un importante golpe al tráfico ilegal de residuos ha tenido lugar en España, donde cinco individuos han sido detenidos y otros 15 están bajo investigación por la manipulación clandestina de 41.000 toneladas de desechos plásticos.

La intervención fue realizada por el Seprona de la Guardia Civil en León, que desmanteló una red criminal dedicada a la distribución internacional de residuos plásticos. Estos operativos se han visto enmarcados en una amplia investigación que revela la importación, almacenamiento y eventual exportación ilegal de basura a varios países.

Las autoridades detectaron que la organización traficaba con desechos contaminados procedentes de Francia y Portugal, utilizando empresas en Almería para el almacenamiento y la logística. Con un ingenioso método, escondían la basura bajo capas de plástico limpio para sortear la vigilancia aduanera, con la intención de llevarla a vertederos clandestinos en León y Valencia antes de enviarla a su destino final.

La 'Operación Finoplast' se originó gracias al descubrimiento de un vertedero irregular en León en 2022, que llevó a la identificación de instalaciones no autorizadas en localidades del Bierzo y Alberic, Valencia. La investigación reveló que un total de 18.800 toneladas de plásticos fueron traídas a España, almacenadas y posteriormente enviadas de manera ilegal a países como India, Turquía y Malasia, entre otros.

Durante el proceso, se constató que una empresa de reciclaje en Almería hacía de fachada, utilizando balas de plástico limpio para ocultar los residuos ilegales, dificultando así la tarea de detección por parte de las autoridades aduaneras.

Las fuerzas del orden han llevado a cabo registros en cuatro empresas, inspeccionado otras cuatro y registrado dos viviendas, donde se encontraron documentos que evidencian el tráfico. Asimismo, se han confiscado miles de toneladas de residuos en instalaciones clandestinas gracias a la colaboración con entidades ambientales de Castilla y León y la Comunidad Valenciana.

La investigación ha sido supervisada por el Juzgado nº1 de instrucción de Ponferrada y la Fiscalía de Área de Medio Ambiente y Urbanismo, con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta de Castilla y León. La Guardia Civil también ha emitido 21 órdenes europeas de investigación en coordinación con Eurojust y Europol, las fuerzas de seguridad de Francia y Portugal, intensificando así la lucha contra este tipo de delitos ambientales.