En un notable golpe a las estafas financieras, la Policía Nacional ha desmantelado una compleja red de fraude piramidal en Málaga, que ha causado pérdidas superiores a los 4,6 millones de euros a aproximadamente cincuenta víctimas.

Esta organización engañaba a particulares, prometiéndoles atractivas ganancias del 4 % mensual o más, a través de inversiones en préstamos hipotecarios e inmobiliarios. Según el informe oficial de las autoridades, los estafadores utilizaron un sistema en el que el dinero recaudado de los nuevos inversores se destinaba a pagar los intereses de los anteriores, perpetuando así el engaño.

La investigación surge tras la denuncia de un representante de las víctimas, que expuso el funcionamiento de la sociedad limitada implicada, la cual se dedicaba a las inversiones inmobiliarias y la intermediación financiera. Lo que comenzó en 2021 se convirtió en un esquema de estafa, y los responsables dejaron de realizar los pagos acordados en 2023, momento en que las víctimas comenzaron a sospechar que sus fondos jamás se habían invertido como prometían.

Los receptores del fraude, un hombre y una mujer, fueron finalmente arrestados. Las autoridades judiciales han decidido mantener a uno de ellos en prisión provisional, mientras que ambos enfrentan cargos de estafa agravada, falsificación de documentos, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

En el curso de la operación, los investigadores descubrieron que contaban con la colaboración de dos intermediarios, quienes, con su experiencia en el ámbito financiero, actuaban como asesores de las inversiones. Estos sujetos no solo promovían la captación de nuevos inversores, sino que también obtenían ganancias a través de comisiones clandestinas, desviando fondos de manera irregular y violando la normativa financiera vigente.

Los números son alarmantes: se estima que el monto total recaudado por esta banda asciende a más de dos millones de euros, la mayoría de los cuales fluyó fuera de los canales legales, sin ningún tipo de control fiscal. El líder detrás de esta trama logró evadir la justicia durante un tiempo, ocultándose en áreas rurales de la provincia, mientras su pareja figuraba como administradora de la empresa utilizada para llevar a cabo las estafas.

Las medidas cautelares han sido impuestas sobre los bienes vinculados a la pareja, incluyendo bloqueos patrimoniales preventivos. Entre los afectados se encuentran tanto familias que sacrificaron sus ahorros como profesionales del sector financiero, lo que pone de manifiesto la complejidad y el alcance de este engaño.

Por último, la Policía Nacional ha insistido en la necesidad de que los ciudadanos sean cautelosos a la hora de considerar propuestas de inversión, alertando sobre los peligros de aquellas que prometen rentabilidades excesivas y poco realistas. Esta advertencia es clave en un contexto donde las estafas siguen proliferando, mostrando que la vigilancia y la información son nuestras mejores herramientas de defensa.