En un incisivo operativo antidrogas, la Guardia Civil ha desmantelado una extensa red de tráfico de marihuana que operaba desde Granada, logrando la detención de 35 individuos vinculados a esta organización criminal de alcance internacional. Este operativo, denominado 'Nazarí 64 Falla', se tradujo en la incautación de bienes valorados en casi cuatro millones de euros, incluyendo tanto dinero como propiedades.

Los acusados enfrenten cargos graves relacionados con el tráfico de drogas, que abarcan desde la producción y distribución de marihuana hasta delitos como defraudación de electricidad y blanqueo de capitales. La magnitud de la operación se evidencia en los más de 16.000 cultivos de marihuana confiscados, junto con numerosas armas y vehículos que respaldaban sus actividades ilícitas.

Las autoridades llevaron a cabo un total de 54 registros en diversas localidades de Granada, Málaga y Valencia. Durante estas acciones, además de las plantas de marihuana, la policía intervino 267.553 euros y una considerable cantidad de armamento, que incluía escopetas, armas cortas y una pistola táser, entre otros objetos peligrosos.

Esta compleja operación se originó en mayo, tras varias intervenciones y detenciones vinculadas al tráfico de marihuana en la región, así como en una aduana francesa, donde los agentes hallaron 531 kilogramos de esta droga lista para ser enviada a diferentes destinos en Europa.

El modus operandi de la organización se caracterizaba por una estructuración jerárquica, donde cada miembro desempeñaba un rol específico, desde la adquisición de drogas hasta su empaquetado y distribución internacional, utilizando camiones y vehículos privados para el traslado de los estupefacientes.

Los registros revelaron la extensión de la red en varios municipios granadinos, además de su proliferación en Málaga y Valencia. Localidades como Atarfe, Maracena y Benalmádena estuvieron entre las más afectadas por estas operaciones de desmantelamiento.

La acción fue liderada por un equipo especializado de la Guardia Civil, que movilizó numerosos recursos, incluyendo unidades aéreas y de seguridad ciudadana, en coordinación con los juzgados pertinentes, reflejando un esfuerzo significativo en la lucha contra el narcotráfico en España.

Esta intervención subraya la urgencia de abordar el problema del narcotráfico en el país, donde comunidades enteras sufren las consecuencias de esta actividad ilegal. La respuesta contundente de las autoridades es un paso en la dirección correcta, pero también señala la necesidad de reevaluar las políticas de drogas y la inclusión de estrategias integrales que consideren la salud pública y el bienestar social.