JAÉN, 11 de julio. En un importante operativo conocido como Sado Anemonia, la Guardia Civil ha llevado a cabo una acción contundente contra la comercialización ilegal de ortiguillas, liderada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia jienense. Este operativo se centra en un mayorista local de Sevilla, quien ha sido identificado como el presunto responsable de esta actividad delictiva.

El investigado, un hombre de 61 años, enfrenta serias acusaciones, incluidas falsedad documental y violaciones en materia de salud pública. Esta situación ha levantado inquietudes no solo sobre la legalidad de la venta, sino también sobre la seguridad alimentaria en la región.

Se calcula que el mayorista ha comercializado alrededor de 85 kilogramos de ortiguillas, un producto del mar cuyo valor podría alcanzar los 8.500 euros en el mercado. Este hallazgo ha suscitado un gran interés, ya que destaca la importancia de regular el comercio de especies marinas para garantizar la sostenibilidad y la salud pública.

La investigación despegó tras la alerta de un ciudadano, quien alertó sobre irregularidades relacionadas con el etiquetado de las ortiguillas en un restaurante de la capital jienense. Esta denuncia motivó una inspección detallada del establecimiento, donde se recolectó información clave sobre cómo se adquirió el producto, sabiendo que la captura de esta especie, Anemonia sulcata, está altamente regulada e incluso prohibida en ciertos espacios.

Los esfuerzos de investigación permitieron trazar el origen de las ortiguillas hasta una empresa mayorista de productos del mar ubicada en Sevilla. En colaboración con inspectores de la Delegación de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, se realizaron inspecciones en esta empresa y en otras dedicadas a la intermediación comercial en las provincias de Málaga y Jaén, para asegurar la integridad de la cadena de distribución.

Durante el análisis de los documentos relacionados, los investigadores encontraron inconsistencias en facturas y albaranes de varias partidas de ortiguillas, las cuales supuestamente provenían de un pescador autorizado en aguas portuguesas. No obstante, con la colaboración de las autoridades portuguesas, se pudo corroborar que las capturas no se habían realizado en las fechas establecidas en la documentación, lo que dejó al descubierto la falsificación de documentos por parte de la empresa mayorista para aparentar legalidad en las transacciones.

La ilegalidad en la captura de ortiguillas tiene repercusiones significativas, dado que se prohibió su extracción en el litoral andaluz desde el año 2023 debido a preocupaciones sobre su población y sostenibilidad. Además, estos productos no habían pasado por los controles sanitarios necesarios, lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores.

En el transcurso de la operación, los agentes también confiscaron 626 kilogramos de otros productos pesqueros que carecían de etiquetado o que habían superado su fecha de caducidad, declarados no aptos para el consumo humano. Estos productos se destruyeron según las normativas vigentes, resaltando la importancia de cumplir con los estándares de seguridad alimentaria.

La Guardia Civil ha presentado varias denuncias por infracciones relacionadas con la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, así como por violaciones en materia de protección al consumidor y producción agroalimentaria. Las diligencias derivadas de esta investigación han sido puestas a disposición de la autoridad judicial en Jaén, subrayando el compromiso de las fuerzas de seguridad en la defensa de los derechos de los consumidores y la protección del medio ambiente.