La Fiscalía ha pedido cuatro años y medio de cárcel para cada uno de los tres acusados de prevaricación en concurso con un delito de malversación por una ayuda concedida a una empresa hotelera de Cádiz de 50.000 euros mediante el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y las ayudas arbitrarias. La ayuda fue otorgada con fondos de la Junta de Andalucía.

Según explica la Fiscalía, los dos gestores de la empresa Gaditana Gestión Hotelera Comar, conocedores de que la Junta de Andalucía podía otorgarles fondos públicos al margen de los procedimientos legalmente establecidos, consiguieron que el director general de Trabajo les concediera una ayuda de 50.000 euros. El procedimiento no se dirige contra el ex director general de Trabajo de la Junta Juan Márquez, el exviceconsjero de Empleo Agustín Barberá y el exconsejero del ramo Antonio Fernández, que ya fueron juzgados por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en la causa correspondiente al "procedimiento específico" de financiación autonómica de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas.

La Fiscalía indica que los acusados se pusieron en contacto con el secretario general de la Unión Local del sindicato CCOO de Jerez de la Frontera para lograr la ayuda, quien, prevaliéndose de ello y de su relación con el entonces consejero de Empleo, propició la posterior concesión de la ayuda. La Administración andaluza materializó el pago de 50.000 euros en enero de 2009, por orden del director de Administración y Finanzas de la agencia IDEA, perteneciente a la Junta de Andalucía.

La Fiscalía considera que los hechos son un delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación de caudales públicos y pide para cada uno de los tres acusados cuatro años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta, así como que indemnicen con 50.000 euros a la Junta de Andalucía. El juicio correspondiente a esta pieza de la macrocausa de los ERE se celebrará en enero de 2024, después de que la Sección Tercera de la Audiencia suspendiese el comienzo de las sesiones la semana pasada por la incidencia de la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia.