SEVILLA, 12 de septiembre. En un giro impactante en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado sentencias que han llevado a la cárcel a dos individuos involucrados en un escándalo de corrupción relacionado con el uso indebido de fondos públicos. Estas condenas se centran en la obtención de ayudas económicas a través de pólizas que fueron financiadas con dinero del gobierno andaluz, gracias a sus conexiones personales con Francisco Javier Guerrero, quien fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta y que ya ha fallecido.

La resolución judicial, comunicada a las partes el pasado viernes y fechada el 9 de septiembre, ha condenado a Alejandro M.T. a una dura pena que incluye 22 meses de prisión, además de una inhabilitación especial por cuatro años para ejercer cargos públicos. El tribunal ha considerado sus actos como una grave violación de la confianza pública, afirmando que su propósito era enriquecerse sin justificación alguna, utilizando sus relaciones privilegiadas con Guerrero como único mérito.

Acompañado por su pena, Alejandro M.T. también deberá indemnizar a la Junta de Andalucía con una cifra que alcanza los 333.072,07 euros, equivalentes a todo lo que recibió mediante estas pólizas fraudulentas. La sentencia retrata un panorama sombrío de cómo individuos se benefician a expensas del erario público, en un abuso flagrantemente desmedido por su posición y vínculos.

Por otro lado, Rafael R.G. también ha sido condenado por los mismos delitos, aunque su pena ha sido atenuada al haber mostrado voluntad de reparar los daños causados, resultando en una condena de 15 meses de cárcel y dos años de inhabilitación. Deberá enfrentar una indemnización de 91.196,76 euros, tras haber devuelto parte del dinero que había recibido. El tribunal destacó la relevancia de dicha devolución como un factor positivo al considerar la pena.

Los magistrados han señalado que las relaciones de amistad y vecindad que Guerrero mantenía con los condenados fueron aprovechadas para desviar fondos públicos, beneficiando a personas de su entorno sin seguir los procesos legales establecidos para la gestión de los recursos públicos. La decisión judicial establece un precedente al considerar que el fraude perpetrado no solo constituyó un delito, sino que también degradó la confianza en las instituciones públicas.

El tribunal ha detallado que estas acciones se realizaron sin la debida competencia y fuera de cualquier consideración de interés público, lo que subraya la necesidad de fortalecer los controles y mecanismos de transparencia en el manejo de las finanzas públicas. La advertencia es clara: el desvío de fondos para beneficiar económicamente a amigos o conocidos no será tolerado y se perseguirá con todo el peso de la ley.

Además, se ha destacado que los implicados recibieron estas ayudas a pesar de ser beneficiarios de otras prestaciones, lo que hace aún más evidente el abuso de poder ejercido. En un contexto donde el sistema público de ayudas debería servir para las necesidades sociales, el abuso de individuos cercanos a la administración repunta como un tema apremiante que debe ser abordado con urgencia.

Por último, la consultora Vitalia S.A., que actuó como intermediaria en la tramitación de las pólizas, no ha podido ser vinculada directamente a la actividad ilícita de manera concreta, lo que ha llevado a la absolución de dos trabajadores de la firma. Además, la hija de uno de los condenados fue exonerada por falta de pruebas que demostraran su involucramiento en la solicitud de ayudas a favor de su padre, un hecho que revela la complejidad de la red de relaciones y la falta de pruebas claras en algunos casos.