La Audiencia de Sevilla ha dictado sentencia en la que condena a dos años y nueve meses de prisión al empresario Carles Valdellós Blanch por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a través del mecanismo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos o innecesarios en 2009. La empresa del acusado, Nerva Croissant S.L., dedicada a la fabricación y venta al por mayor y al por menor de productos de panadería, bollería y pastelería, recibió ayudas consideradas "injustas y arbitrarias" por el tribunal.

El empresario es condenado como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación, con la atenuante de dilaciones indebidas, y le imponen dos años y nueve meses de prisión y cuatro años y seis meses de inhabilitación absoluta. En cuanto a la responsabilidad civil, el tribunal condena al empresario a indemnizar a la Junta de Andalucía con 147.913,92 euros como resarcimiento por los daños causados.

Además, la Audiencia acuerda una investigación sobre el exdirector general de Trabajo de la Junta, Juan Márquez Contreras, condenado en la pieza principal del mecanismo de financiación de los ERE fraudulentos, por presunto delito de falso testimonio, debido a "signos" de que en su comparecencia como testigo habría "faltado ostensiblemente a la verdad".

En el juicio, el Ministerio Público y la acusación popular ejercida por el PP-A solicitaron para el acusado una pena de tres años de cárcel y cinco años de inhabilitación absoluta, mientras que la acusación particular ejercida por la Junta de Andalucía reclamó dos años de prisión, cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y cinco años de inhabilitación absoluta.

Para el tribunal, el acusado, como administrador único de Nerva Croissant, "ya había percibido anteriores ayudas y subvenciones públicas relativas a cursos de formación con compromiso de contratación, que había incumplido", y "se puso en contacto con el titular de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez, a los fines de obtener una ayuda o subvención pública para su propio beneficio y so pretexto de la mala marcha de su empresa y de la necesidad de mantener los puestos de trabajo". Según la sentencia, Márquez "pese a que conocía, al igual que sus superiores, el viceconsejero y el consejero, que el fin público de la concesión era un mero pretexto, emitió la correspondiente resolución" y articuló un procedimiento fingido que prescindió completamente del legal y reglamentariamente establecido para subvenciones y ayudas.

Por todo ello, la Audiencia de Sevilla considera que las ayudas concedidas a Nerva Croissant y a Nerva Desarrollos Tecnoalimentarios S.L., también administrada en exclusiva por Valdellós Blanch, no siguieron el procedimiento debido ni se ajustaron a la legalidad, y por tanto, son consideradas injustas y arbitrarias.