El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha vuelto a poner el foco sobre la investigación en curso sobre el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, sugiriendo que este se benefició económicamente de la obra de sustitución de tirantes en el Puente del Centenario. Sanz ha señalado que las posibles "mordidas" podrían haber influido negativamente en los plazos del proyecto, el cual ha enfrentado un considerable retraso desde su inicio en 2021.

El primer edil, en su intervención ante la prensa, ha recordado que las obras fueron adjudicadas por un valor de 86,4 millones de euros a un consorcio conformado por Acciona Construcción, Tecade y Freyssinet, y que ahora el costo total ha ascendido a más de 128 millones debido a los retrasos. Estos, según el Gobierno central, se han visto exacerbados por la crisis del suministro de acero ocasionada por la guerra en Ucrania.

Las indagaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) parecen apuntar a que las irregularidades en el proceso de adjudicación podrían estar vinculadas a contraprestaciones económicas adeudadas a Acciona. Sanz enfatizó que estas prácticas podrían haber contribuido a los importantes retrasos que ahora afectan a la obra.

Asimismo, el alcalde instó a que algún miembro del PSOE diera explicaciones sobre lo sucedido, aludiendo a la posibilidad de que tanto María Jesús Montero, ministra de Hacienda, como Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla, estuvieran al tanto de la situación. Sanz expresó su sorpresa por la falta de conocimiento por parte de estos dirigentes sobre los detalles del caso.

Las pesquisas han revelado conversaciones entre Ábalos, Santos Cerdán y otras figuras del PSOE, en las que se discutían las contraprestaciones económicas vinculadas a la adjudicación de este proyecto, que es vital para la infraestructura de Sevilla.

El Puente del Centenario, que sostiene la autovía SE-30, es uno de los proyectos insignia del Ministerio de Transportes en la ciudad. Así lo destaca la UCO, que ha encontrado indicios de que las negociaciones para la licitación se habían pospuesto por presiones internas dentro del Gobierno. En particular, una conversación de noviembre de 2018 sugiere que Santos Cerdán ya estaba al tanto de las intenciones de licitar la obra.

A medida que se ha avanzado en la investigación, los elementos recopilados indican que hubo intentos concretos de desbloquear la licitación que estuvo paralizada, y que el proceso finalmente se formalizó en 2020. Desde entonces, la situación ha evolucionado, con una adjudicación inicial que ha visto un escalamiento en costos, llevando el presupuesto en 2023 a cifras superiores a las planeadas originalmente.