En la ciudad de Cádiz, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tomado la decisión de fortalecer la jurisdicción penal en apoyo a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2 de Barbate, en la provincia gaditana. Esta acción incluye la adscripción de la jueza sustituta María Eulalia Chanfreut.
El CGPJ ha explicado que esta medida busca reforzar estos órganos judiciales, donde actualmente se lleva a cabo la investigación sobre la trágica muerte de dos guardias civiles tras ser embestidos por una narcolancha el pasado 9 de febrero. Además, se busca agilizar el proceso de las macrocausas que se están investigando, de acuerdo al plan establecido por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Esta medida de apoyo cuenta con la autorización económica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y tendrá una duración inicial de seis meses, con posibilidad de renovación a partir de la incorporación de la jueza sustituta.
El refuerzo aprobado en Cádiz fue originalmente propuesto por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia andaluz en febrero pasado, y ha recibido el visto bueno del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial. Este organismo ha realizado un estudio detallado sobre la situación de los partidos judiciales de Cádiz y Huelva, áreas que se ven más afectadas por el narcotráfico, y ha presentado sus conclusiones a los presidentes de ambas audiencias y a los jueces decanos de la región en una reunión celebrada en la Audiencia Provincial de Cádiz.
Según los datos recopilados por la Inspección, la carga de trabajo en estos partidos judiciales excede los estándares establecidos por el CGPJ, con excepción de Barbate en 2023, donde alcanzó el 96,4%. La carga media global ha sido de 139% en 2022 y 134,2% en 2023. Además, el rendimiento de estos juzgados ha superado el indicador de dedicación, con un promedio del 174% en 2022 y 172,6% en 2023.
Asimismo, la pendencia en todos los órganos es alta, con un promedio de 945,5 casos en materia civil y 774,4 en materia penal en estos partidos judiciales. El CGPJ ha destacado que esto no se debe a la falta de dedicación o bajo rendimiento, ya que los tiempos de respuesta en los procedimientos penales son superiores a la media regional y nacional.
Para hacer frente a estos desafíos, se plantea la unificación de algunos partidos judiciales, la creación de nuevos juzgados y medidas de refuerzo extraordinarias, como la aprobada para los juzgados de Barbate, en toda la región afectada por el narcotráfico.
En relación con los delitos contra la salud pública y el blanqueo de capitales, se sugiere la creación de una nueva sección en la Audiencia Provincial de Cádiz para acelerar la tramitación de estos casos.
La complejidad de las causas relacionadas con el narcotráfico y el blanqueo de capitales requiere una mayor coordinación entre los titulares de los juzgados y las fuerzas de seguridad, así como mejoras en los recursos personales y materiales. El informe menciona también la necesidad de abordar deficiencias como la falta de salas especializadas, demoras en informes periciales y problemas con la gestión informática, entre otros aspectos.
En resumen, se busca mejorar la eficiencia y celeridad en los procedimientos judiciales en la región, planteando modificaciones legislativas y medidas concretas para hacer frente a la sobrecarga de trabajo y la complejidad de los casos relacionados con el narcotráfico en Cádiz y Huelva.
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