SEVILLA, 16 de octubre.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha decidido abrir una indagación oficial tras la denuncia de serias irregularidades en el programa de detección temprana del cáncer de mama en Andalucía. Esta institución ha manifestado su profundo desasosiego y preocupación ante la situación, encaminándose a esclarecer las causas, el impacto en la salud pública y los eventuales perjuicios que han sufrido numerosas mujeres que han participado en esta iniciativa preventiva.

Maeztu ha resaltado que es la primera vez en tres décadas de historia del programa que se ve en la necesidad de llevar a cabo una investigación tan amplia, en lugar de limitarse a casos aislados. Considera que existen motivos suficientes para justiciar la alarma social generada, además de la necesidad urgente de reparar posibles daños ocasionados.

En un comunicado enviado a los medios, el Defensor del Pueblo expone que el impulso para esta investigación ha sido la acogida de testimonios de mujeres afectadas y las declaraciones de la asociación Amama. Esto se suma a la confirmación por parte de miembros de la Consejería de Salud, quienes admitieron que, al menos, 2,000 mujeres no han recibido información sobre sus resultados, quedando en la incertidumbre tras sus mamografías.

Desde 1995, el programa de detección de cáncer de mama ha practicado aproximadamente 450,000 mamografías anuales a mujeres de entre 49 y 71 años, con el objetivo de identificar lesiones en etapas tempranas y mejorar así el pronóstico de salud. No obstante, Maeztu ha afirmado que la reciente revelación socava uno de los pilares fundamentales del programa: la obligatoria comunicación de resultados y la atención sanitaria oportuna.

La gravedad de la situación radica en que aquellas mujeres cuyos hallazgos son considerados como "dudosos" o no concluyentes no han recibido la información requerida, ni han sido convocadas para más estudios. Esta omisión podría afectar gravemente el derecho a la salud de estas pacientes y contraviene la normativa sanitaria en lo tocante a información clínica, concluye el Defensor.

El Defensor del Pueblo Andaluz enfatiza que la legislación vigente, incluyendo la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, protege el derecho de los pacientes a ser informados sobre los resultados de cualquier diagnóstico. La falta de comunicación no solo lesiona estos derechos, sino que puede ocasionar "una pérdida de oportunidades de atención" y resultaría en daños que podrían evitarse.

Como parte de su investigación, el Defensor ha requerido a la Consejería de Salud y al SAS información detallada en varios aspectos. En primer lugar, desea aclarar por qué no se han comunicado ciertos resultados de este Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, indagando si hay un protocolo específico o instrucciones internas, si esta omisión se da en el sistema de salud pública en conjunto o en determinados centros, y cuántas mujeres han resultado afectadas.

El segundo aspecto que el Defensor requiere es información sobre la atención dada a las mujeres que han tenido resultados inciertos. Esto incluye conocer la carga laboral en los servicios de radiodiagnóstico, los tiempos de respuesta y el número de profesionales a cargo, así como cuántas mujeres todavía están a la espera de completar sus diagnósticos, tanto a través del programa como por otras vías asistenciales.

El tercer bloque de información solicitado se refiere a la gestión y evaluación del programa mismo. Se busca saber si hay mecanismos implementados para revisar sus resultados, la periodicidad de estas revisiones y las actualizaciones o mejoras que se han introducido en los últimos años.

Además, el Defensor pide acceso a reportes de evaluación desde 2022 y a indicadores relevantes que se hayan registrado. También se interesa por la actividad de la Comisión Asesora en Cribados Poblacionales y Detección Precoz y si esta cuenta con un plan operativo o demanda desarrollo normativo para su labor.

Finalmente, el Defensor del Pueblo Andaluz ha asegurado que procederá con "independencia y objetividad", buscando un análisis imparcial que conduzca a conclusiones fiables y a decisiones justas, priorizando la protección de los derechos de las mujeres implicadas y evitando que situaciones similares vuelvan a repetirse.