SEVILLA, 22 de enero. La Delegación del Gobierno en Andalucía ha realizado un impacto alarmante sobre las consecuencias económicas tras la reciente votación en el Pleno del Congreso, donde las fuerzas políticas del PP, Vox y Junts se unieron para rechazar el decreto ley ómnibus. Este decreto era crucial, ya que contemplaba la revalorización de las pensiones, la extensión de las ayudas para el transporte público y la defensa de los derechos de las personas más vulnerables al establecer la prohibición de cortar suministros básicos.

La Delegación ha señalado que, como resultado de la decisión de los partidos opositores, se prevé una merma de 1.828 millones de euros en ingresos por entregas a cuenta. A su vez, se estima que los municipios andaluces sufrirán una pérdida de aproximadamente 200 millones de euros, lo que impactará negativamente en sus capacidades de inversión y de atención a servicios esenciales. Además, se ha subrayado que el veto del PP a la revalorización de las pensiones es alarmante, ya que esto generará una disminución del poder adquisitivo de cerca de 470 euros de media para aproximadamente 1,5 millones de jubilados en la región en 2025.

También se ha advertido sobre el impacto en los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), quienes dejarán de recibir 478 euros en el año 2025, lo que podría acentuar el riesgo de pobreza entre los sectores más desfavorecidos. En el ámbito del transporte público, los usuarios en Andalucía se verán perjudicados por la reducción de 74,9 millones de euros destinados a bonificaciones en el transporte regional, que se desglosan en 40,4 millones para el transporte autonómico y 34,5 millones para servicios de entidades locales. Este recorte también incluye más de 681 millones de euros que estaban destinados a hacer gratuito o a aplicar descuentos en Renfe y autobuses estatales, así como a la mejora de la calidad del transporte público en toda la Península.

El rechazo al decreto ley ómnibus se concretó en la votación del miércoles, donde PP, Vox y Junts se alinearon en contra, mientras que el resto de los grupos parlamentarios expresaron su apoyo a la medida, y UPN optó por la abstención. Es relevante señalar que el exministro socialista José Luis Ábalos, quien ahora forma parte del Grupo Mixto, no estuvo presente en la votación. Con un resultado de 177 votos en contra frente a 171 a favor, el decreto ley, que había sido aprobado el pasado diciembre y ya estaba en vigor, ha sido derogado, llevando consigo todas las medidas que contenía y sus potenciales beneficios para la ciudadanía andaluza.