SEVILLA, 27 de agosto. En una reciente comparecencia, el delegado del Gobierno español en Andalucía, Pedro Fernández, ha reafirmado que el Ejecutivo central sigue un enfoque basado en "criterios objetivos" para atender a los menores migrantes no acompañados que llegan a nuestro país. El delegado enfatizó que este protocolo se implementa de manera equitativa en toda España.

Las declaraciones de Fernández surgen como respuesta a las críticas formuladas por miembros de la Junta de Andalucía, quienes cuestionaron el Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros. Este decreto establece las pautas para la acogida de estos jóvenes migrantes, sobre todo aquellos provenientes de Canarias, Ceuta y Melilla. La Junta de Andalucía ha manifestado su intención de analizar jurídicamente la posibilidad de recurrir esta normativa.

Durante sus declaraciones, el representante del Gobierno destacó que las medidas adoptadas buscan proporcionar "una atención digna y humanitaria" a los niños y adolescentes que llegan solos, resaltando que el mecanismo diseñado asegura un tratamiento uniforme, independientemente de la comunidad autónoma involucrada, ya sea Canarias, Cataluña o Andalucía. Remarcó que esta última comunidad ha enfrentado previamente situaciones comparables a las que hoy viven las Islas Canarias.

Fernández refutó tajantemente las afirmaciones de que las fórmulas aplicadas varían entre comunidades, aseverando que quienes propagan tales ideas "están mintiendo y actuando de manera irresponsable". Resaltó la importancia de la transparencia en la gestión del proceso, destacando que ha sido objeto de discusión en múltiples conferencias sectoriales convocadas por el Ministerio de Juventud e Infancia.

El delegado también criticó la falta de propuestas alternativas por parte de las comunidades autónomas bajo el gobierno del PP, incluidas aquellas en Andalucía, subrayando que la principal respuesta de estas entidades ha sido el bloqueo y la resistencia a la implementación de la legislación vigente.

Además, Fernández puso de relieve que la actual situación no se debe a una falta de recursos, ya que el Gobierno ha asignado un fondo de 100 millones de euros destinado a cubrir los gastos de traslado y alojamiento de los menores, de los cuales aproximadamente nueve millones estarán destinados específicamente a Andalucía.

En cuanto a las declaraciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, que afirmaron que comunidades como el País Vasco y Cataluña están siendo tratadas como fronteras, Fernández desmintió tales afirmaciones, acusando a los dirigentes de la Junta de manipular la verdad y utilizar el agravio territorial como estrategia de desvío.

Finalmente, el delegado del Gobierno denunció la incongruencia entre las declaraciones de solidaridad de los representantes de la Junta y sus acciones, que a su juicio contradicen estos principios, instando a los líderes andaluces a clarificar sus verdaderas intenciones. Criticó la disparidad en la atención a menores según su nacionalidad, enfatizando la necesidad de un trato equitativo para todos los niños y adolescentes que buscan protección en España.