El 26 de agosto, en una reunión clave, el Consejo de Ministros español anunció medidas críticas ante la alarmante situación de incendios forestales que ha asolado varias provincias andaluzas. En un esfuerzo dirigido por el Ministerio del Interior, se han declarado zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil en las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba, donde se han registrado siete incendios severos desde el inicio del verano.

Entre los focos más dañinos se encuentran los incendios en El Garrobo (Sevilla) comenzando el 1 de julio, en Algeciras (Cádiz) el 11 de julio, y más recientemente en zonas de Tarifa y Jabugo, que han tenido lugar en agosto. Esta serie de eventos ha llevado al Gobierno a tomar medidas exhaustivas para abordar la crisis generada por estas llamas devastadoras.

Durante la misma sesión, el Gobierno inició un procedimiento para que las personas afectadas por un total de 121 emergencias de protección civil desde el 24 de junio puedan acceder a diversas ayudas estipuladas en la Ley 17/2015, que regula el Sistema Nacional de Protección Civil. Esto incluye no solo a los damnificados por incendios, sino también a aquellos que han sufrido inundaciones y riadas, como las experimentadas en Aragón y otras comunidades tras fuertes lluvias.

El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem) ha recibido información sobre 121 emergencias, donde 114 de ellas han sido producidas por incendios forestales en varias comunidades, lo que destaca la gravedad y la magnitud de la crisis que enfrenta el país. Los otros siete incidentes se relacionaron con inundaciones, subrayando la diversidad de desafíos en la gestion de emergencias en España.

El Consejo de Ministros hizo hincapié en el impacto significativo de estos incendios, que han cobrado vidas y han causado un amplio daño material. Detalles precisos sobre el número de víctimas y los daños son aún difíciles de concretar, pero se reconoce la necesidad de una intervención del Estado para proporcionar una respuesta efectiva y solidaria.

Las medidas aprobadas permiten a los afectados solicitar ayudas que cubrirán desde daños personales hasta pérdidas en propiedades y negocios, así como gastos de las corporaciones locales. También se contempla la exención de tasas administrativas para facilitar trámites esenciales para los damnificados, lo que refleja un compromiso por parte del estado en su apoyo a las comunidades en crisis.

Además, se prevén beneficios fiscales y ayudas específicas en diversas áreas, incluyendo agricultura y pesca, lo que muestra una respuesta integral a las múltiples facetas del desastre. Se espera que esta colaboración entre departamentos ministeriales sea crucial para la rápida recuperación de los territorios afectados y para sostener a las comunidades que han vivido momentos tan difíciles.