El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha aceptado la denuncia presentada por el PSOE-A contra el Gobierno de la Junta de Andalucía por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de emergencia sanitaria por un monto cercano a los 300 millones de euros. Estos contratos se realizaron a través de un procedimiento excepcional aprobado durante la pandemia de Covid-19 y que, según los socialistas, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) continuó utilizando hasta 2023, dos años después de su derogación legal.

De acuerdo con el PSOE-A, la admisión de esta denuncia implica que se abrirán investigaciones sobre los contratos de emergencia realizados por el SAS entre 2021 y 2023, utilizando un procedimiento que carecía de publicidad, control y concurrencia, basado en una normativa ya derogada.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha destacado la importancia de esta denuncia por el presunto abuso en la contratación de emergencia por parte de la Consejería de Salud, que habría asignado recursos públicos a la sanidad privada sin seguir los procesos regulares de adjudicación.

En sus declaraciones, Espadas ha subrayado el deterioro evidente de la sanidad pública, con largas listas de espera y quejas de pacientes y profesionales sanitarios. Se espera que los tribunales investiguen las acciones de la Consejería de Salud durante ese período y, en caso necesario, se determinen responsabilidades penales.

Ante la falta de explicaciones claras en el ámbito parlamentario, el PSOE-A ha recurrido a la justicia en busca de transparencia y rendición de cuentas en las decisiones tomadas por el Gobierno de Moreno Bonilla en materia de contratación pública en el sector sanitario.