CÁDIZ, 17 de marzo.

En un giro significativo en la investigación sobre la presunta malversación de fondos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha ordenado que el SAS se presente como parte interesada en el caso. Esta decisión se produce tras la denuncia realizada por Podemos Andalucía, que ha señalado la posible concesión irregular de contratos en favor de determinados proveedores.

La resolución de la magistrada, fechada el 10 de marzo, responde a una solicitud de la letrada de la Administración Sanitaria, quien el 7 de marzo solicitó formalmente la inclusión del SAS en las diligencias, argumentando que podría ser "perjudicado" por las acciones en cuestión y expresando su intención de reclamar los daños que pudieran derivarse.

En este contexto, es relevante señalar que la jueza ha convocado a declarar como testigos a dos interventores de la Junta y a dos jefas de Servicio en relación con esta investigación sobre la posible malversación en la adjudicación de contratos por parte del SAS, a raíz de la denuncia presentada por Podemos Andalucía.

De acuerdo con el cronograma de la jueza, los dos interventores deberán comparecer ante el juzgado el 2 de abril, mientras que las jefas de Servicio lo harán el 3 de abril, lo que subraya la seriedad con la que se están abordando estas denuncias.

El pasado 17 de febrero, Raquel Martínez, coordinadora general de Podemos Andalucía, había revelado que el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz había dado inicio a diligencias previas por un presunto delito de malversación relacionado con la concesión de contratos "a dedo" por parte del SAS.

Martínez indicó que esta situación había derivado de una denuncia interpuesta por Podemos en octubre, en la que se alegaba un posible delito de malversación y/o prevaricación administrativa. Esta denuncia, emitida el 1 de octubre de 2024, surgió tras la detección de fraccionamientos indebidos en miles de contratos menores adjudicados entre enero y diciembre de 2021 en varias provincias andaluzas.

Podemos denunciaba que estos contratos fueron fraccionados intencionadamente para eludir las normativas que exigen publicidad y libre concurrencia en las adjudicaciones, permitiendo de este modo la concesión de contratos de manera poco transparente.

Después de un mes y medio, el Juzgado de Instrucción número 3 acordó iniciar diligencias previas al recibir la denuncia de Podemos, al considerar que existía indicios de la posible comisión de un delito de malversación, que podría ser objeto de un procedimiento abreviado, tal como expone la jueza en un auto del 12 de noviembre de 2024.

En la misma resolución, la magistrada decidió comunicar a la Intervención de la Junta de Andalucía que proporcionara un informe sobre las irregularidades denunciadas y el funcionario responsable de las mismas, además de involucrar al Fiscal de delitos económicos para que solicitara más acciones investigativas.

Por su parte, Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno autonómico, anunció que la Junta de Andalucía había solicitado personarse en los procedimientos iniciados tras las denuncias de Podemos, y afirmó haber entregado al juzgado un informe que respalda la legalidad de dichas contrataciones. Además, acusó a la formación morada de instrumentalizar la sanidad pública como un recurso político.