El Tribunal Supremo ha rechazado aclarar la sentencia que reconoció la legalidad de la licencia municipal de obras para el hotel del Algarrobico, en Carboneras (Almería), a pesar de la petición de Greenpeace. El grupo ecologista solicitó que se especificara si la sentencia daba validez a los acuerdos del ayuntamiento aunque fueran contrarios a las decisiones judiciales, y recordó que el alcalde estaba condenado personalmente por no ejecutar el fallo firme que ordenó proteger el área. La sala considera que está fuera del debate procesal determinar si los terrenos son o no urbanizables 20 años después y que fue una cuestión zanjada al no admitirse ese extremo en la casación. Además, declina pronunciarse sobre la desobediencia municipal por desclasificar el Algarrobico.

Los terrenos fueron declarados como suelo no urbanizable por el Supremo en 2018, lo que significa que el alcalde estaba obligado a desclasificar el área. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le dio cinco días al alcalde para que alegara antes de que se le impusieran multas de 700 euros cada 20 días por incumplir la sentencia. En su auto, la sala reprocha a Amérigo que haya superado en exceso el plazo legal para ejecutar el fallo firme y señala que la multa es la única opción disponible para evitar el perjuicio al derecho a la tutela judicial que conlleva la inejecución de la sentencia. La otra medida a adoptar sería remitir un testimonio al Ministerio Fiscal por si fuera una infracción penal su comportamiento. La resolución destaca que la advertencia se ha reiterado en ocasiones posteriores sin que hayan sido objeto de impugnación por parte del Ayuntamiento o de Amérigo. La sala también destaca que Amérigo ha cesado en el cumplimiento de lo que se le ordenó en enero de este mismo año, en concreto la obligación de remitir cada 15 días un informe detallado de las actuaciones realizadas para desclasificar como urbanizable el Algarrobico.

El ayuntamiento comunicó que había optado por aprobar una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cumplir el fallo y solicitó que no multaran a Amérigo porque la ejecución de la sentencia está cerca de su conclusión.