El Tribunal Constitucional ha comenzado a revisar los recursos de inconstitucionalidad presentados por seis comunidades autónomas españolas, entre ellas Andalucía, en relación con la gestión del acogimiento de menores migrantes no acompañados.

En un comunicado emitido el 8 de julio, el tribunal anunció que los escritos provenientes de Andalucía, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia han sido admitidos para su consideración. Esta decisión responde a la incertidumbre y las preocupaciones que rodean el decreto-ley que regula la distribución de estos niños entre diferentes regiones.

Los recursos cuestionan específicamente el Real Decreto-ley 2/2025, aprobado el 18 de marzo, que establece medidas urgentes para salvaguardar los intereses de la infancia en situaciones migratorias. Los gobiernos autonómicos argumentan que esta normativa podría estar infringiendo varios artículos de la Constitución, así como los principios de autonomía y competencias que rigen la relación entre el Estado y las comunidades.

No es la primera vez que se presenta un desafío legal a este decreto. El Tribunal Constitucional ya había admitido recursos de la Comunidad de Madrid y otras regiones como Aragón y Cantabria, quienes también han manifestado su desacuerdo con el enfoque del Gobierno central sobre el tema.

El Gobierno andaluz aprobó su decisión de interponer el recurso en una sesión celebrada el 11 de junio, donde se expresó la preocupación por una "invasión de competencias" por parte del Ejecutivo nacional. La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, enfatizó que la falta de diálogo y de recursos adecuados por parte del Gobierno central ha llevado a esta acción legal.

España reiteró que Andalucía es una región comprometida con la solidaridad y la acogida de menores, pero resaltó que no puede asumir responsabilidades sin los medios necesarios. La portavoz afirmó que el reparto de menores se llevó a cabo sin la adecuada comunicación con las comunidades, lo que ha llevado a la Junta a exigir un entendimiento más justo y equilibrado en la gestión de este asunto.

Finalmente, la consejera subrayó que el Gobierno andaluz no se opone a colaborar, pero enfatiza la necesidad de un sistema que garantice la atención digna y adecuada a todos los menores bajo su responsabilidad, instando al Gobierno central a reconsiderar su enfoque y a proporcionar los recursos necesarios para tal fin.