El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido llevar al alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS), ante la Fiscalía para que investigue la posible comisión de un delito de desobediencia si en un plazo de diez días no presenta la "certificación" de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) actual cumple con la sentencia que ordena clasificar el paraje de El Algarrobico, donde se encuentra el hotel de Azata, como "suelo no urbanizable" y de "especial protección".

En un nuevo auto, el TSJA requiere nuevamente al Ayuntamiento de Carboneras que muestre el contenido del instrumento de planeamiento "vigente" que demuestre el cumplimiento de la sentencia judicial, la cual es firme desde 2018, tras no haber respondido a la solicitud realizada el pasado 8 de mayo por el alto tribunal andaluz.

Si el alcalde de Carboneras continua sin cumplir con el requerimiento y no explica las razones, el asunto será remitido al Ministerio Fiscal para determinar una posible responsabilidad penal por desobediencia, según la advertencia explicada en el auto.

La organización Greenpeace fue la que volvió a presentar una comunicación al tribunal el 29 de mayo, después de que se venciera el plazo otorgado al Ayuntamiento, señalando la falta de cumplimiento del requerimiento inicial realizado a principios de mes.

Greenpeace ha solicitado que se obligue al Ayuntamiento de Carboneras a cumplir con la sentencia que le ordena restituir la legalidad de los terrenos protegidos en El Algarrobico y El Canillar, ambos en el municipio.

La organización ecologista también ha señalado que los sectores ST-1 y ST-2, correspondientes al Algarrobico y El Canillar, siguen siendo catalogados como "urbanizables" en la página web de consulta de planes urbanísticos y territoriales de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía.

Por tanto, Greenpeace ha pedido que se modifique el PGOU para que ambos sectores sean clasificados como espacios protegidos, algo que consideran debió haberse hecho hace 30 años.

La Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada ha otorgado un plazo de diez días a la Junta de Andalucía para presentar alegaciones y para informar sobre el estado de la tramitación en relación a los suelos en cuestión.

Los colectivos ecologistas sostienen que el TSJA anuló un acuerdo del pleno municipal que simulaba cumplir con la sentencia sin hacerlo, y consideran que fue una estrategia dilatoria para evitar modificar el PGOU.

Greenpeace argumenta que, al haberse anulado el acuerdo del pleno de abril de 2023, se ha vuelto a una situación de ilegalidad, ya que los terrenos del Algarrobico se han clasificado nuevamente como urbanizables en la normativa municipal.

El colectivo ecologista busca evitar que el Ayuntamiento de Carboneras utilice este argumento para no anular la licencia de obras, alegando que en el PGOU el Algarrobico es catalogado como urbanizable, tal como ya ha ocurrido en casos anteriores.