El proceso judicial relacionado con el hundimiento del pesquero Rúa Mar, ocurrido en enero de 2020 y que causó la trágica muerte de seis personas, se retomará este lunes en la Audiencia Provincial de Cádiz, específicamente en su sede de Algeciras. Este incidente, que ha sido vinculado a presuntos narcotraficantes, ha atraído la atención pública y mediática por su complejidad y las implicaciones legales que conlleva.

Es importante destacar que de los seis individuos señalados, solo cinco han comparecido en el juzgado, ya que uno de ellos se encuentra en paradero desconocido. Este acusado había sido liberado temporalmente de la prisión, y desde entonces no ha regresado, lo que ha llevado a la emisión de una orden de búsqueda y captura en su contra.

La sesión inaugural del juicio se llevó a cabo el 22 de septiembre, donde se abordaron cuestiones preliminares. Los abogados defensores intentaron anular ciertas pruebas, como las intervenciones telefónicas y los dispositivos de geolocalización utilizados durante la investigación, pero el tribunal consideró dichas pruebas válidas y rechazó las solicitudes de nulidad.

Adicionalmente, la Fiscalía ha ampliado la lista de víctimas que buscan responsabilidad civil en el caso, incluyendo a familiares que, inicialmente, no habían sido identificados. Esta acción resalta el entramado que rodea la tragedia y la necesidad de garantizar justicia para todos los afectados.

Las primeras audiencias también sirvieron para que se aceptaran las grabaciones telefónicas obtenidas durante la investigación, además de que se permitió a los acusados ejercer su derecho a no declarar hasta el final del juicio. Los testigos de la fuerza policial, incluyendo al líder de la investigación, corroboraron las afirmaciones fiscales acerca de la existencia de una red dedicada al tráfico de drogas.

En sus alegaciones, la Fiscalía elogió el trabajo de la Unidad de la Udyco Central, y ha solicitado penas severas: hasta 114 años de cárcel para el armador del pesquero, contemplando múltiples delitos que incluyen la pertenencia a organización criminal, homicidio y blanqueo de capitales. Además, también se proponen cuantiosas multas que ascienden a más de 7 millones de euros en total.

La Fiscalía ha solicitado penas de prisión que varían: 19 años para la pareja del armador, 13 años para dos coordinadores del cargamento y seis años para otros dos involucrados en la operación relacionada con la droga.

Los detalles proporcionados por la Fiscalía indican que el armador ya estaba bajo vigilancia antes del accidente. En un inicio, tenía pensado utilizar otro barco para transportar su carga, pero finalmente optó por el Rúa Mar. Este barco se hundió el 23 de enero de 2020, dejando a seis tripulantes a bordo, de los cuales, lamentablemente, aún cuatro permanecen desaparecidos. Se encontraron algunos restos del pesquero varios días después del naufragio, pero la búsqueda de los desaparecidos continúa.

En un descubrimiento adicional, el 26 de enero, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil recuperó dos fardos de hachís, cada uno pesando alrededor de 25 kilos, que se presume pertenecían al barco hundido, subrayando así el contexto del narcotráfico en el que se enmarca esta tragedia.