El Gobierno español está a punto de dar un paso significativo hacia la mejora del sistema de acogida de menores migrantes no acompañados. Este martes, durante el Consejo de Ministros, se aprobará un nuevo Real Decreto que establecerá la capacidad de acogida de cada una de las comunidades autónomas, determinando cuántos de estos menores pueden ser recibidos en sus respectivos sistemas.

Aunque el decreto no especificará el número exacto de traslados a cada región, se considera un avance fundamental. Esto permitirá a las comunidades que enfrentan una situación de alta ocupación solicitar medidas extraordinarias en materia de acogida. Para activar este mecanismo, un territorio debe sobrepasar en al menos tres veces su capacidad normal, lo que afectará principalmente a zonas como Canarias, Ceuta y Melilla.

Con la aprobación de esta normativa y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno tiene previsto que, a partir del 28 de agosto, comiencen los traslados de menores migrantes no acompañados desde las áreas más saturadas a la Península. Estos traslados son esperados con urgencia por muchas de las comunidades que están solicitando ayuda en esta crisis humanitaria.

La distribución de estos menores es una problemática que quedó pendiente de discusión en la conferencia sectorial de Infancia, convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia el pasado 17 de julio, pero que no se llevó a cabo debido a la falta de representación de las comunidades autónomas del Partido Popular, salvo Ceuta. La ministra Sira Rego criticó esta actitud como un claro intento de obstrucción frente a una cuestión que debería ser urgente y prioritaria.

Rego anticipó que el decreto no solo contempla la capacidad de acogida, sino también el financiamiento correspondiente. A partir del 28 de agosto, se podrán iniciar los traslados, que podrían alcanzar hasta 3.975 menores, aunque esta cifra final se verá reducida después de considerar a aquellos que han solicitado asilo, un número que podría ser cercano a 1.200.

No obstante, la ministra aclaró que los traslados se llevarán a cabo de manera gradual y planificada, promoviendo una acogida equilibrada y coordinada a lo largo de un año. Este enfoque respetará el bienestar de los menores y permitirá adaptarse a las necesidades tanto de ellos como de las comunidades receptoras.

En julio, el Gobierno ya había tomado medidas adicionales al aprobar un Real Decreto que regula la respuesta ante situaciones excepcionales de acogida, lo que incluye entrevistas personales y el acompañamiento profesional durante los traslados. Además, se contempla la posibilidad de solicitar apoyo a la Policía y a la Fiscalía en aquellos casos donde las comunidades autónomas no cumplan con sus responsabilidades de acogida.

Se estima que, para atender la contingencia migratoria, las comunidades autónomas tendrían que acoger a un total de 3.975 menores, con Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana liderando en números, seguidas de otras regiones como Castilla-La Mancha, Galicia y Aragón. Sin embargo, algunas comunidades como Euskadi y Cataluña quedarán al margen del reparto obligatorio, aunque Cataluña se comprometió de forma voluntaria a acoger un número similar al de campañas pasadas.

Es importante señalar que los datos ofrecidos por el Ministerio son estimaciones de máximos y que se están realizando traslados de solicitantes de asilo que serán gestionados por el Estado, cumpliendo con lo dictado por el Tribunal Supremo.

Finalmente, el presupuesto destinado a este proceso será considerable, con 100 millones de euros asignados a las comunidades autónomas por parte del Ministerio de Juventud e Infancia. Esto incluye la financiación del traslado y los primeros tres meses de acogida para los menores. Las comunidades que más financiación recibirán serán Canarias, Madrid y Andalucía, mientras que las que menos recursos recibirán son Melilla y Cataluña.