La Audiencia de Sevilla ha concluido el juicio contra la ex cúpula de UGT-A por un supuesto fraude de subvenciones y falsificación documental relacionado con la gestión de más de 40 millones de euros en subvenciones autonómicas.
El juicio, que comenzó en enero y terminó en mayo, ha llegado a su fase final y se espera sentencia en los próximos días. Los acusados, entre ellos antiguos altos cargos del sindicato, enfrentan acusaciones de haber implementado un mecanismo de facturación fraudulenta para desviar fondos de la Administración andaluza.
El fiscal ha pedido siete años de prisión y multas millonarias para los principales acusados, así como indemnizaciones a la Junta de Andalucía por el supuesto fraude. También se solicitan condenas para empresarios proveedores de UGT-A y se señala la existencia de un sistema de facturación falsa para desviar fondos destinados a cursos de formación.
Según el fiscal, el sindicato habría manipulado facturas y ocultado descuentos para justificar gastos indebidos con fondos públicos. Se mencionan testimonios de ex empleados de UGT-A que describen un sistema interno de "fondo de reptiles" para sufragar gastos no relacionados con las subvenciones recibidas.
El exsecretario del sindicato argumenta que la Junta validó las justificaciones de los gastos, mientras que el fiscal sostiene que se encontraron pruebas de un sistema de desvío de fondos utilizado de manera generalizada. Se menciona la creación de un programa informático para gestionar este supuesto esquema fraudulento, financiado con fondos públicos destinados a formación.
El fiscal destaca correos electrónicos que evidencian la coordinación con proveedores para inflar facturas y desviar fondos. Se critica el uso de recursos públicos para financiar "fiestas" y otros gastos no relacionados con los cursos de formación subvencionados.
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