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Fiscal antidrogas en Cádiz señala el incremento del tráfico de cocaína y critica leyes "desfasadas" que ralentizan los procesos judiciales.

Fiscal antidrogas en Cádiz señala el incremento del tráfico de cocaína y critica leyes

En Cádiz, el 27 de enero, la fiscal delegada antidroga de la provincia, Ana Villagómez, ha expuesto una preocupante realidad: la llegada de cocaína a Europa ha aumentado, especialmente a través de puertos clave como Algeciras, Valencia, Barcelona y Málaga. Este fenómeno está vinculado a una "superproducción" de cocaína en los países de origen, lo que pone de relieve la necesidad urgente de actualizar las leyes que regulan la lucha contra estas organizaciones criminales, las cuales, según Villagómez, se encuentran "muy obsoletas".

En una entrevista concedida a Canal Sur y recogida por Europa Press, la fiscal subrayó que el marco legal actual, aunque permite imponer penas severas a los traficantes, se basa en normativas que datan del siglo XVIII. "Hemos hecho parches, pero necesitamos una reforma integral que haga el proceso más ágil", dijo, advirtiendo que los procedimientos judiciales a menudo se extienden por años, lo que resulta inaceptable para combatir el narcotráfico eficazmente.

Respecto a las rutas empleadas por los narcotraficantes para introducir drogas a través de Cádiz, Villagómez destacó que estas no han cambiado significativamente. Las organizaciones criminales siguen utilizando las mismas embarcaciones y redes. Sin embargo, puntualizó que para el tráfico de hachís, es necesario colaborar con grupos marroquíes, mientras que para la cocaína, el vínculo es con organizaciones de Sudamérica, principalmente de Colombia, Bolivia y Perú.

La fiscal indicó que para desmantelar estos grupos delictivos es fundamental "detener a sus miembros" y "seguir el rastro de las ganancias". Esto, confesó, es un desafío complicado, puesto que a menudo los beneficios se mantienen en efectivo. No obstante, se han llevado a cabo acciones contra el patrimonio de los narcotraficantes, aunque estas investigaciones requieren una gran cantidad de documentación y recursos, lo que hace la tarea aún más difícil.

Villagómez también habló del atractivo económico que representan estas actividades ilícitas, señalando que "dan dinero" de forma "muy golosa" y "fácil de obtener". Explicó que existe una parte de la población que se beneficia directamente al colaborar con los narcotraficantes, ya sea a través de la logística necesaria para el transporte de la droga o mediante la provisión de "guarderías" donde se almacena. Además, mencionó que hay quienes de manera indirecta se ven beneficiados y que ignoran la procedencia del dinero cuando ven que sus negocios prosperan.

Estas prácticas están conectadas con familias que han arraigado en la región y que, a pesar de haber sido condenadas, continúan en libertad provisional y persisten en sus actividades, ya que el narcotráfico les resulta muy rentable.

No obstante, Villagómez enfatizó que, aunque hay una parte de la población implicada en estas actividades delictivas, no puede generalizarse la noción de que toda la sociedad está comprometida en estos crímenes, ya que "la mayoría de la gente trabaja y es honrada".

Sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Campo de Gibraltar, donde se han desarticulado varias organizaciones y se han confiscado toneladas de drogas recientemente, la fiscal sostuvo que "la situación actual es mejor que hace unos años". Sin embargo, advirtió que no se puede dar por resuelta la problemática, pues la introducción de cocaína continúa siendo un problema que debe ser abordado con urgencia. Afirmó que este aumento puede derivar en "graves problemas de violencia, una mayor cantidad de dinero en juego y una capacidad de corrupción aún más extendida".

Villagómez expresó su frustración ante el hecho de que, a pesar de haber abordado todas las organizaciones en el Campo de Gibraltar, el proceso judicial "se queda estancado". Remarcó que existe una sobresaturación en los juzgados, y que el marco legal para el juicio criminal es obsoleto, lo que otorga múltiples posibilidades a las defensas de recurrir decisiones. “Este sistema no funciona para casos tan complejos”, lamentó, dejando claro que se necesita una revisión urgente para enfrentar de manera efectiva el narcotráfico en la región.