SEVILLA, 17 de diciembre. – La Fiscalía de Sevilla ha presentado una solicitud de treinta años de prisión para un hombre acusado de haber infligido violencia y abusos a su esposa, con quien estuvo casado durante nueve años. Allegaciones en su contra incluyen "malos tratos habituales" y actos sexuales forzados, así como la amenaza de difundir grabaciones íntimas. Además, se le imputa haber intentado ofrecer a la mujer a terceros, incluyendo amigos y desconocidos en Internet, para saldar deudas o conseguir drogas.

En el informe preliminar, el Ministerio Público detalla que la víctima sufrió continuamente agresiones físicas, como golpes y empujones, además de múltiples conductas degradantes. Esto incluyó grabaciones de relaciones sexuales con otro hombre, realizadas sin su consentimiento, acompañadas de amenazas para que la mujer no se opusiera y se sometiera a estas prácticas. Durante el tiempo que duró la convivencia, el acusado ejerció un control sobre su pareja, incluso restringiendo su libertad de movimiento.

A lo largo de su matrimonio, las acciones del acusado han sido descritas por la Fiscalía como un uso objetual de la esposa, tratándola como un medio para satisfacer sus propios deseos y necesidades, y sometiéndola a situaciones humillantes, como compartirla con otros hombres. A pesar de la gravedad de la situación, no se registraron lesiones físicas ya que la víctima nunca acudió a un médico.

El Ministerio Público subraya que este patrón de comportamiento ha llevado a una posición de dominio total del acusado sobre la víctima, que se vio psicológicamente forzada a ceder ante las demandas del marido para evitar represalias, tanto para ella como para su hija. Un episodio señalado se remonta a 2012, cuando el acusado mantuvo relaciones sexuales con la mujer mientras ella estaba inconsciente por el alcohol, causándole lesiones significativas.

La Fiscalía también informa que durante la relación, el acusado aprovechó su poder y la dependencia económica de la víctima para buscar en Internet y ofrecer a conocidos pagos sexuales, con el fin de cubrir sus deudas. La violencia no se limitó a la esposa; también se menciona que, en ocasiones, golpeó a su hija pequeña, sin que esta presentara lesiones visibles debido a que no fue evaluada por un médico.

En otro episodio registrado en 2016, tanto el acusado como un cómplice ataron a la víctima para forzarla a mantener relaciones sexuales, un acto que reafirma la violencia sistemática y el control que ejercía sobre ella.

La Fiscalía ha calificado estos hechos como constitutivos de múltiples delitos, incluyendo maltrato habitual con agravantes, dos delitos de violación, inducir a la prostitución y maltrato sin lesiones en el ámbito familiar. Esto ha llevado a la acusación a solicitar penas que van desde uno hasta doce años de cárcel, sumando un total de 30 años para el acusado principal, mientras que el coautor del segundo delito de violación enfrenta una solicitud de doce años de prisión.

Adicionalmente, ambos acusados deberán compensar a la víctima con una indemnización de 20,000 euros por daños morales, así como los correspondientes intereses legales, en un intento por restablecer el daño causado y ofrecer un poco de justicia ante la gravedad de los cargos.