CÁDIZ, 27 de mayo.

La reciente tragedia ocurrida en Cádiz ha llevado a la Fiscalía a presentar acusaciones formales en relación al fatídico accidente que, en octubre de 2023, dejó un saldo trágico de cuatro muertes y múltiples heridos tras el arrollamiento por un autobús a la entrada de la ciudad. Los fiscales han solicitado una pena de cinco años de prisión para el empresario responsable del transporte y también para el conductor involucrado, ambos acusados de haber cometido cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave.

Según el documento presentado, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía ha indicado que el autobús presentaba problemas en el sistema de frenado desde 2021. A pesar de esto, el empresario optó por llevar a cabo reparaciones superficiales únicamente para obtener informes favorables que le permitieran pasar la inspección técnica de vehículos, sin preocuparse por garantizar que el autobús estuviera en condiciones seguras para circular.

La Fiscalía argumenta que las deficiencias en el autobús eran evidentes, ya que había una excesiva holgura entre juntas y tambores, problemas con el pistón de empuje y el sistema regulador de las zapatas, lo que indica un claro desprecio por las normas de seguridad y mantenimiento necesarias para la operación de un vehículo de transporte público.

Además, la acusación destaca que había fallos en el sistema de frenado tanto de estacionamiento como de servicio, con un desgaste extremo de componentes clave que ponía en peligro la seguridad tanto de los pasajeros como de los peatones.

Un aspecto alarmante resaltado por la Fiscalía es que el empresario no llevó el autobús a la estación de ITV durante el periodo crítico entre el 10 de abril y el 18 de agosto de 2023, a pesar de haber realizado más de 120 servicios durante ese intervalo, incluyendo rutas escolares.

Cuando finalmente se realizó una nueva inspección en agosto de 2023, el vehículo pasó, aunque se detectaron deficiencias consideradas menores, que no se corrigieron. Conociendo las anomalías, el empresario habría permitido la manipulación del sistema de frenado, lo que incrementó notablemente el riesgo de un accidente fatal.

En el día del accidente, el conductor, que también es objeto de acusación, incumplió las horas de descanso obligatorias y, a pesar de ser consciente de las deficiencias del autobús, condujo de manera imprudente a alta velocidad, lo que culminó en una colisión devastadora.

La Fiscalía argumenta que con una actuación adecuada y prudente, el conductor podría haber evitado el desastre, deteniéndose a tiempo para no atropellar a las víctimas. El clamor por justicia se hace evidente, ya que se exigen tanto penas de prisión como compensaciones monetarias que superan los 500,000 euros para las familias afectadas.

Esta tragedia subraya la urgencia de revisar y reforzar las normativas de seguridad en el transporte público, así como la responsabilidad de los empresarios en garantizar que sus vehículos operen en condiciones óptimas para proteger a todos los usuarios de la vía pública.