SEVILLA, 12 de octubre.

La Fiscalía ha solicitado una pena de nueve años de cárcel para un hombre de 29 años, quien se desempeñaba como portero en una popular discoteca ubicada en la Alameda de Hércules de Sevilla. Este individuo se enfrenta a la acusación de agresión sexual con acceso carnal, así como de ejercer violencia sobre una joven a la que, aprovechándose de su función, alejó de su grupo de amigos para realizarle actos sexuales no consentidos.

Los hechos, según la acusación formal presentada por la Fiscalía y divulgada por Europa Press, se produjeron en enero de 2023, cuando la víctima visitó la citada discoteca. El acusado, en su rol como portero, utilizó su posición de autoridad para invitar a la joven y a su acompañante a disfrutar de un chupito en una sala adyacente al lugar principal de la fiesta.

Transcurridos unos diez minutos, el acusado regresó y forzó a la víctima a entrar en un pequeño cuarto, donde la agredió sexualmente a pesar de las repetidas negativas de la joven. Después de la agresión, la víctima logró reencontrarse con su acompañante antes de acudir a la comisaría para presentar una denuncia formal sobre los hechos.

Las consecuencias de la agresión han sido significativas para la víctima, quien experimentó dolor en la cadera debido al forcejeo, además de sufrir de hematomas y síntomas relacionados con la ansiedad y la depresión, que han sido diagnosticados como secuelas psicológicas asociadas a un trastorno adaptativo leve, posible resultado de un estrés postraumático.

La Fiscalía, además de la pena de prisión, ha solicitado también una serie de medidas adicionales, incluyendo la inhabilitación especial del acusado para ejercer su derecho al sufragio pasivo durante el tiempo que dure su condena. Al término de la pena, se le impondría un régimen de libertad vigilada por ocho años, así como una prohibición de trabajar en cualquier ámbito que implique contacto regular con menores durante un periodo de doce años.

Asimismo, se demanda que el acusado no pueda acercarse a la víctima a menos de 300 metros ni comunicarse con ella durante doce años. También se considera que, para su eventual clasificación en tercer grado penitenciario, deberá cumplir la mitad de su condena, momento en el cual podría ser sustituida esa pena por su expulsión del país, dado que el presunto agresor no tiene residencia legal en España.

El juicio está programado para el próximo jueves 16 de octubre en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, donde se espera que se analicen las pruebas y testimonios relacionados con este inquietante caso.