SEVILLA, 18 de diciembre. En un desarrollo reciente que ha captado la atención de la opinión pública, la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, junto a sus predecesores Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, han solicitado formalmente al Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla el "archivo" de la causa relacionada con una querella presentada por contratos del SAS que fueron tramitados mediante procedimientos de emergencia entre los años 2021 y 2024. Además, han solicitado que se imponga una fianza de 15.000 euros a cada uno de los 30 diputados del Grupo Socialista que firmaron dicha denuncia.

La petición se presenta en un escrito dirigido al juzgado mencionado, donde el equipo legal de los gerentes del SAS, acusados en este caso, argumenta que se trata de una respuesta a lo que consideran un "relato incierto e injusto" que los denunciantes han promovido en relación a estos contratos de emergencia. Este alegato busca contrarrestar las acusaciones y aclarar que la situación fue generada por la necesidad perentoria de afrontar la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.

En el escrito, que ha sido consultado por Europa Press, se afirma que, como cada uno de los denunciantes actuó de forma individual, debería ser responsabilidad de cada uno asumir las consecuencias de la acción legal emprendida contra los gerentes del SAS. Por ende, se solicita que el juzgado requiera a cada uno de los 30 querellantes que presenten, en un plazo de cinco días, la mencionada fianza, advirtiendo que de no hacerlo, serán apartados como acusación popular.

Los exgerentes del SAS y la actual gerente argumentan que dos días antes de que se declarara el estado de alarma en el país, el 14 de marzo de 2020, el Gobierno de la Nación ya había emitido el Real Decreto 7/2020, que permitía tramitar de emergencia cualquier tipo de medida para hacer frente al COVID-19. La representación del SAS destaca que en Andalucía, la Junta aprobó un Decreto-ley que habilitaba la contratación de emergencia para combatir los efectos de la pandemia, asegurando así el suministro de equipos médicos y otras necesidades urgentes del sistema de salud.

El documento también menciona que esta posibilidad de tramitar contratos de emergencia se mantuvo hasta la promulgación del Decreto Ley 1/2022, permitiendo así acciones continuas en el marco de la lucha contra la crisis sanitaria que se extendió por más de un año. A partir de la declaración del fin de la emergencia sanitaria el 4 de julio de 2023, las medidas tomadas por el SAS han sido objeto de revisión y escrutinio, según se expone en el escrito.

El argumento de la defensa sostiene que no puede ser cierto que, desde un acuerdo del Consejo de Gobierno de octubre de 2020, se sustituyera la fiscalización previa por un control financiero permanente en la contratación de emergencia. Se aclara que el control financiero permanente representa una mejora en la fiscalización de los gastos, ya que antes estos no eran objeto de fiscalización alguna.

Puntualizan que este control se ejerce de manera continua y se integra a lo largo de la gestión económica, destacando que no hay constancia de que la Intervención General de la Junta haya señalado inconvenientes con respecto a este tipo de control en los contratos gestionados de emergencia. Además, la defensa reitera que ninguno de los interventores ha indicado la presencia de infracciones administrativas o problemas relacionados con la ejecución de los contratos sanitarios durante la emergencia, lo que refuerza su postura sobre la regularidad de la gestión realizada.

La argumentación subraya que todas las tramitaciones que están bajo investigación contaron con las justificaciones legales necesarias y que nunca se descuidó el debido control a lo largo de la ejecución de los contratos. Sostienen que el único objetivo de estas tramitaciones fue salvaguardar la salud de la ciudadanía durante los momentos más críticos de la crisis del COVID-19, buscando el bienestar social por encima de consideraciones burocráticas.

Finalmente, se menciona que se ha distorsionado la realidad al incluir en la ampliación de la querella documentos considerados "adendas" como si fueran nuevas contrataciones de emergencia, lo que la representación de los gerentes sostiene que no es correcto. Aclaran que estas adendas están directamente relacionadas con obligaciones anteriores y no representan contrataciones nuevas o extensiones no justificadas de los contratos iniciales que se firmaron en el contexto de la pandemia.