La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha hablado sobre la propuesta del Gobierno de Andalucía para regularizar los regadíos en el Parque Nacional de Doñana. Ribera ha asegurado que el Gobierno tomará cualquier medida que sea compatible con la Constitución y el derecho europeo para proteger el interés del parque. Ha llamado a la responsabilidad y al diálogo de la Junta de Andalucía, que, según Ribera, está promoviendo una norma ideológica y sin sentido que atenta directamente contra uno de los ecosistemas más valiosos de España.

En relación con la reunión de este lunes del Consejo de Participación de Doñana, la vicepresidenta ha destacado que "todos los integrantes, con muy pocas excepciones", dejaron muy claro que consideraban un "inmenso error" y una "gran deslealtad institucional" que la Junta de Andalucía promueva una norma de estas características.

Ribera ha apelado a la responsabilidad y al diálogo para encontrar una respuesta más adecuada. Ha pedido no dar un mensaje engañoso ya que no hay agua disponible, y ha asegurado que no tiene sentido prometer algo que no hay y que no le corresponde gestionar a la Junta de Andalucía.

La ministra ha subrayado que el gobierno siempre ha estado dispuesto a trabajar en la preservación de Doñana y en la búsqueda de soluciones alternativas para las comunidades del entorno de Doñana que puedan necesitar algún tipo de medida adicional.

Ribera ha recordado que el Estado transfiere a las comunidades autónomas un paquete de apoyo económico para los municipios de las zonas de influencia de Parques Nacionales. Por lo tanto, la Junta de Andalucía cuenta con recursos adicionales para impulsar medidas verdes.

Para Ribera, la Junta de Andalucía sabe perfectamente que los escenarios climáticos y de agua en la zona son muy importantes y ha afeado a la administración autonómica que, aunque fuera descreída completamente de la importancia que tiene en los ecosistemas el cambio climático, debe ajustarse estrictamente a las normas.

La ministra ha señalado que España ha sido condenada por el mal estado de Doñana, lo que para la Comisión Europea es una provocación de enormes dimensiones, y ha cuestionado la premisa de gobernar con esas bases.