Imputado el exdirector de Trabajo Daniel Rivera por favorecer a empresas de la Fundación ONCE en el caso ERE

Imputado el exdirector de Trabajo Daniel Rivera por favorecer a empresas de la Fundación ONCE en el caso ERE

El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha decidido continuar con el procedimiento abreviado contra el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, en relación a las presuntas irregularidades en las ayudas otorgadas a Fundosa Ultracongelados y Precocinados S.A. (Fulpresa) y Fundosa Lavanderías Industriales S.A. (Flisa), empresas pertenecientes al grupo de empresas de la Fundación ONCE y su sociedad instrumental Fundosa Grupo S.A. que defiende los derechos laborales de las personas con discapacidad.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en un auto fechado el 15 de noviembre, el juez José Ignacio Vilaplana ve posible la comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsedad documental.

El magistrado explica que no es posible continuar el procedimiento contra el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá y el exdirector general de Trabajo Juan Márquez, ya que ya han sido encausados por los mismos hechos en otro procedimiento. Tanto Fernández como Barberá cumplen condena de cárcel y la pena de Márquez está suspendida en espera de cumplimiento.

Por otro lado, el juez argumenta que Alberto Rivera no puede ser excluido de esta causa, ya que no ha sido juzgado en el procedimiento específico relacionado con los ERE. El juez considera que existen indicios sólidos de su participación en las irregularidades cometidas durante su mandato como director general de Trabajo.

En anteriores ocasiones, la abogada defensora de Rivera lamentó que su cliente enfrentara su inculpación en unas 50 piezas separadas de los ERE, con solicitudes de hasta seis años de prisión, sumando un total de unas 300 años de condena.

En este caso, el juez considera que hay pruebas de que Rivera realizó pagos de las ayudas a sabiendas de la ilegalidad del procedimiento de concesión. El juez explicó que la revisión posterior de las ayudas no excluye la responsabilidad penal de Rivera.

El magistrado también rechaza trasladar la responsabilidad a otros funcionarios o políticos, ya que considera que Rivera actuó sabiendo que las ayudas no contaban con la debida fiscalización a pesar de las funciones de control administrativo que correspondían a otros cargos.

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