ALMERÍA, 23 de diciembre.

Un reciente informe emitido por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla ha revelado que no se encontraron evidencias de agresión sexual en el niño Lucas, de cuatro años, cuyo cuerpo fue hallado en un búnker en la playa de Garrucha, en Almería. Este hallazgo fue crucial en el contexto de la investigación que ha llevado a la detención de su madre y de su pareja.

De acuerdo con los datos a los que ha accedido Europa Press, el informe enviado a la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia 4 de Vera detalla el análisis de muestras biológicas tomadas por el Instituto de Medicina Legal. Estas pruebas se realizaron para determinar si existía alguna evidencia de agresión sexual, en relación a los sospechosos del caso, incluyendo a Juan David R.C.

Las pruebas, que se completaron el 17 de diciembre, no encontraron ni semen ni saliva de individuos ajenos en el cuerpo del pequeño, lo que es un indicativo significativo en la investigación.

El análisis también incluyó una búsqueda exhaustiva de ADN diferente al del niño, pero los resultados mostraron que no había ningún perfil genético que no correspondiera al suyo, lo que refuerza la falta de indicios de la intervención de terceros en su fallecimiento.

Por otro lado, el informe químico del laboratorio examinó posibles trazas de alcohol o drogas en el organismo del niño, y salvo una pequeña cantidad de ibuprofeno, no se hallaron sustancias psicoactivas en su sistema. Esta información está contenida en el documento fechado el 22 de diciembre.

A pesar de que el estudio no encontró pruebas de la presencia de drogas, se aclara que "los resultados negativos no implican que no se haya utilizado ninguna sustancia", ya que diversos factores podrían haber influido en la detección de estas, como el tiempo transcurrido desde la consumición o la concentración de las sustancias.

Finalmente, es importante señalar que el ibuprofeno es un medicamento que actúa como antiinflamatorio y analgésico. La defensa legal de la madre, representada por los abogados Manuel Martínez Amate y Diego Ricardo Molinari, apunta a que la muerte del niño podría haber sido producto de una "negligencia sanitaria absoluta", atribuida a la automedicación inadecuada y un "diagnóstico por Internet", lo que, según su perspectiva, podría haber agravado una posible hemorragia interna que el niño ya sufría.