La alarma se ha encendido en el sistema penitenciario español tras la incautación de materiales no autorizados a Miguel Carcaño, quien cumple una condena de 21 años y tres meses por el asesinato de la joven Marta del Castillo. Instituciones Penitenciarias ha iniciado una investigación a raíz de este hallazgo en la prisión de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, y ha decidido remitir el caso a la autoridad judicial ante la posible implicación de delitos penales.

Funcionarios de la prisión detectaron los artículos prohibidos y, siguiendo los protocolos establecidos, informaron a la administración correspondiente, que a su vez ha decidido abrir una investigación más profunda. “Cuando se identifica material no permitido, procedemos a analizar cada caso y, si se sospecha de un trasfondo delictivo, las autoridades judiciales son alertadas”, explican las fuentes de Instituciones Penitenciarias.

La situación ha generado una creciente preocupación entre los padres de Marta del Castillo, quienes han manifestado la necesidad de una investigación exhaustiva ante la posibilidad de que Carcaño esté recibiendo “privilegios” en la prisión. En una intervención reciente, Antonio del Castillo y Eva Casanueva exigieron respuestas claras e insistieron en que estos presuntos beneficios deben ser objeto de una revisión seria, especialmente porque el cuerpo de su hija sigue sin ser hallado después de 16 años.

Durante un programa de televisión, los padres expusieron su frustración tras recibir un testimonio anónimo de un interno de la prisión, que sugiere que Carcaño podría estar accediendo a dispositivos tecnológicos y a dinero debido a un trato de favor que le otorga una funcionaria. Aunque las investigaciones no apuntan actualmente a ningún miembro del personal penitenciario, las acusaciones han encendido aún más la indignación de la familia de Marta.

Este escándalo resuena en un contexto más amplio, al recordar casos recientes donde funcionarios penitenciarios han enfrentado acusaciones por corrupción. El caso de Ana Julia Quezada, quien cumple condena por el asesinato de Gabriel Cruz, es un claro ejemplo en el que se investiga la supuesta entrega de un teléfono móvil a cambio de favores sexuales, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema penitenciario ante comportamientos corruptos.

Los padres de Marta no solo demandan justicia en su caso, sino que consideran inaceptable la posible corrupción dentro de la prisión, lo que califica como una “dejadez de funciones” por parte de las autoridades. Insisten en que es esencial una pesquisa exhaustiva, similar a la que se ha inaugurado en el caso de Quezada, y piden el traslado de Carcaño a otra institución penitenciaria, concretamente a El Puerto de Santa María, así como la reubicación de la funcionaria mencionada en el testimonio.

Antonio del Castillo ha señalado que ya había expresado preocupaciones sobre el posible trato preferencial que Carcaño pudiera estar recibiendo, incluso mencionando la figura del capellán de la prisión. Eva Casanueva también ha criticado el aparente vínculo cercano que el condenado mantiene con los funcionarios de la cárcel, reiterando que es fundamental que se tomen en serio las alegaciones de favoritismo.

Es importante recordar que en el juicio de 2011 que resultó en la condena de Carcaño, otros acusados fueron exonerados, lo que planteó aún más interrogantes sobre la dinámica del caso. Mientras tanto, la Audiencia de Sevilla ha revocado sentencias relacionadas con la encubrimiento del crimen, lo que añade una capa de complejidad a toda la narrativa judicial que rodea el caso de Marta del Castillo.