Granada, 16 de enero. Juana Rivas ha tomado nuevamente la valiente decisión de denunciar a su expareja, Francesco Arcuri, a quien se le acusa de ejercer presunta violencia de género. Esta acción se deriva de una serie alarmantes de intentos de contacto que Arcuri ha realizado, acumulando un total de 90 llamadas telefónicas en un lapso de apenas 23 días, según detalla la denuncia a la que tuvo acceso Europa Press.

En un comunicado posterior, los abogados de Rivas contextualizan esta situación como parte de un patrón de violencia de género habitual y violencia vicaria sistemática. Según ellos, Arcuri busca someter a su expareja y a sus hijos, siendo consciente de la atención mediática y la situación legal actual que enfrentan. Este comportamiento es descrito por el equipo legal como un intento de ejercer control sobre su vida y entorno familiar, exacerbando la angustia que ya experimentan.

La denuncia, presentada ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer correspondiente, incluye una solicitud de orden de protección para Juana Rivas y sus hijos, en la que se exige la implementación de medidas que garanticen su seguridad y bienestar. También se solicita la suspensión de la custodia del hijo menor, actualmente en manos del padre, a la luz de las decisiones previas tomadas por los tribunales italianos sobre el caso.

Además, los abogados piden como medida cautelar una restricción de acercamiento y comunicación, es decir, que Arcuri no pueda acercarse a ellos ni comunicarse, ya sea de forma directa o indirecta, hasta que se emita una resolución definitiva en este asunto.

Es importante señalar que, aunque no exista legalmente una orden de restricción de comunicación, los representantes legales de Rivas destacan el conocimiento público de la grave animosidad entre ambas partes. Este ambiente de hostilidad ha llevado a que Rivas sienta un gran desasosiego, hasta el punto de alterar su vida diaria, como lo hizo al abandonar su hogar y faltar a reuniones familiares típicas de la temporada navideña.

De acuerdo a la denuncia, el supuesto acoso telefónico comenzó mientras Arcuri se encontraba en España, un viaje del cual no se conocen claramente las motivaciones. Este comportamiento ha llevado a Rivas a cuestionar la legitimidad de las llamadas y a solicitar acciones que protejan su integridad y la de sus hijos, en un contexto de hostilidad documentado por numerosas denuncias previas en ambos países, Italia y España.

Los abogados sostienen que no hay justificación para las repetidas llamadas; al contrario, su relación ha sido marcada por conflictos legales y quejas mutuas. Subrayan que Arcuri, al haber estado al tanto de las recientes denuncias contra él, demostraba así un conocimiento directo de la precariedad de la situación, lo que ha incrementado el temor de Rivas, a tal punto que ha llevado a que se evalúe su situación bajo el protocolo Viogén, estableciendo un riesgo alto para ella y sus hijos.

Finalmente, el equipo legal de Rivas afirma que todas las denuncias presentadas, si se consideran en su totalidad, evidencian la intención de Arcuri de ejercer control sobre Rivas y sus hijos. Se señala que a través de su presencia y estos intentos de contacto, él busca perturbar la tranquilidad de la familia y alterar su cotidianidad, lo que ha aumentado las preocupaciones sobre su seguridad y bienestar.