SEVILLA, 16 de julio. La voz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha expresado este miércoles su desacuerdo con el reciente convenio establecido entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, que involucra al PSOE y a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). García subrayó que su partido no apoyará ningún acuerdo que no contemple una mejora en la financiación para Andalucía, zona que también requiere urgentemente de atención y recursos optimizados.

Durante una rueda de prensa en el Parlamento, José Ignacio García hizo hincapié en que no respaldarán ningún pacto que no esté enfocado en la solución de los problemas de financiación de Andalucía. Explicó que la reciente reunión de la comisión bilateral, celebrada entre el Gobierno español y la Generalitat el pasado 14 de julio, no aborda adecuadamente las necesidades de la comunidad andaluza.

El portavoz andalucista rechazó de manera contundente lo acordado en esa cita y criticó el concepto de “ordinalidad” empleado para definir el sistema de financiación en Cataluña, considerándolo inequitativo. García destacó que es absurdo que quienes supuestamente contribuyen más al sistema sean quienes a su vez reciben más recursos, subrayando que la realidad futbolística es distinta en cada región.

Según García, es imperativo analizar las razones por las que las contribuciones son desiguales, sugiriendo que se deben hacer cálculos para identificar dónde tributan las empresas que operan en Andalucía, como las cadenas hoteleras de la Costa del Sol o las industrias del Polo Químico de Huelva. Estas actividades económicas, que generan riqueza en Andalucía, están contribuyendo a las balanzas fiscales de otros territorios como Madrid y Cataluña, lo que representa una injusticia para la comunidad.

A pesar de su postura crítica hacia el acuerdo, García expresó que el dilema no recae sobre el pueblo catalán, que tiene el derecho de reivindicar lo que considera justo. Proponiendo en su lugar, que la Junta de Andalucía debería buscar una negociación bilateral con el Gobierno central, similar a la que permite el Estatuto de Autonomía, se cuestionó la razón por la cual aún no se ha configurado esa mesa de diálogo entre ambos gobiernos.

García abogó por una financiación singular para Andalucía, argumentando que durante los últimos 300 años, la comunidad ha sido constantemente despreciada en los repartos de recursos. “Es hora de que se haga justicia en la distribución de recursos”, enfatizó.

El portavoz de Adelante Andalucía demandó para su región un trato equitativo en comparación con las comunidades más favorecidas y destacó que Andalucía, a lo largo de su historia, ha soportado un modelo económico que ha perjudicado a su población, donde un grupo reducido se beneficia desmesuradamente, mientras el resto sufre las consecuencias.

En su conferencia de prensa, García también se refirió a otros temas relevantes para la ciudadanía, como el estado de la educación y la sanidad en Andalucía. Criticó el “caos absoluto” que ha marcado este año las oposiciones a docentes, que se celebraron entre junio y julio, destacando que la organización ha sido deficiente y ha conducido a un verdadero desastre administrativo.

“Hace dos semanas planteamos diversas preguntas sobre el primer examen y la situación no ha hecho más que empeorar”, manifestó. Según su opinión, con una planificación adecuada, que se realiza cada año o cada dos años, no debería haber complicaciones. Se mostró preocupado y cuestionó cómo pudo ocurrir una falta de organización de tal magnitud en un proceso tan conocido.

“Parece que quienes gestionan las oposiciones nunca han estado en la piel de un opositor, lo que demuestra una alarmante falta de sensibilidad hacia quienes compiten por un puesto”, agregó García, quien anunció que desde su grupo solicitarán nuevamente explicaciones a la Consejería sobre la situación, exigiendo claridad sobre cómo se garantizará que no se repitan errores similares en el futuro.

Por último, en el ámbito de la sanidad, García criticó que la Junta haya extendido hasta septiembre los contratos temporales con la sanidad privada, a pesar de que están bajo investigación judicial por presunta corrupción. Denunció que, mientras se argumenta la falta de fondos para la sanidad pública durante el verano, cierran centros de salud y quirófanos, toda vez que se priorizan los intereses de la sanidad privada.

Concluyó demandando una investigación acerca de quién se beneficia de la privatización de la sanidad, reclamando transparencia y justicia en el sistema de salud para la población andaluza.