CÁDIZ, 17 de enero.

La asociación de la Guardia Civil, Jucil, ha emitido una contundente advertencia sobre el alarmante crecimiento de redes dedicadas al 'petaquero' en Andalucía, un fenómeno que está estrechamente vinculado al aumento del narcotráfico en la región. Según sus informes, localidades como Chiclana de la Frontera y el río Guadalete se han transformado en auténticas 'narcogasolineras' en la provincia de Cádiz.

En un comunicado, Jucil ha enfatizado que esta situación está provocando un "grave problema" en provincias como Cádiz y Huelva, donde las embarcaciones operan con libertad, entrando y saliendo de los puertos para abastecer a las narcolanchas que se encuentran en alta mar. Estas redes utilizan tanto pequeñas embarcaciones como semirrígidas de alta velocidad, lo que permite una maniobra rápida y efectiva en el suministro de combustible.

El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, ha hecho hincapié en que el redireccionamiento de las rutas de tráfico de drogas desde Algeciras, debido a la intensa presión policial en la zona, ha provocado un incremento de esta actividad en otros puertos de Cádiz y Huelva, así como en el Guadalquivir, en Sevilla. “El problema se está intensificando y estas actividades son visibles a cualquier hora del día y de la noche”, ha advertido.

Vilariño también ha expresado su preocupación acerca de la falta de recursos y personal disponibles para hacer frente a esta problemática, una debilidad que los narcotraficantes han sabido aprovechar para actuar sin escrúpulos. “La alarma social es notable, y es evidente que la legislación actual presenta una brecha significativa; la normativa vigente no es adecuada para abordar esta situación de manera efectiva”, ha añadido.

Uno de los principales obstáculos, según Jucil, es que el transporte y almacenamiento de gasolina en ciertas cantidades aún no está tipificado como delito. Esta ambigüedad legal complica demostrar que el combustible está destinado a abastecer a las narcolanchas, lo que vuelve más difícil frenar este fenómeno.

Jucil ha recordado que, desde hace dos años, está solicitando la inclusión de este delito en el Código Penal. No fue hasta diciembre cuando se aprobó en el Senado una proposición de ley que prevé que los petaqueros puedan enfrentarse a condenas de hasta ocho años de cárcel.

Ante esta situación crítica, Jucil ha instado a acelerar la aprobación de esta reforma, que ahora debe ser debatida en el Congreso de los Diputados. “Si no se implementan soluciones de inmediato, este año volveremos a lidiar con cifras récord realmente preocupantes”, ha advertido Vilariño, recordando que en 2023 ya se registró un aumento del 48% en el número de embarcaciones cargadas con bidones de gasolina, un problema que también se manifiesta en tierra, donde es necesario contar con una logística organizada para manejar la gran cantidad de combustible requerido.

“Desde Jucil repetimos incansablemente que estamos ante un problema de máxima gravedad. Nos enfrentamos a grupos cada vez más organizados, dotados de numerosos recursos, tanto en el mar como en tecnología y comunicaciones, y que, en muchos casos, son más violentos y armados”, ha declarado Agustín Domínguez, delegado de Jucil en Cádiz. Ha enfatizado, además, la urgencia de contar con más recursos técnicos y humanos para que los agentes puedan proteger sus vidas mientras realizan su trabajo.

Por lo tanto, ha renovado su llamado a implementar un “plan de actuación contra el narcotráfico y a proporcionar los recursos necesarios a la Guardia Civil para llevar a cabo sus funciones de vigilancia marítima”, subrayando que la fuerza cuenta en Andalucía con un total de 19 embarcaciones, de las cuales solo siete están operativas.