Un juez de Sevilla ha decidido avanzar en la investigación de un caso que involucra a ex altos cargos de la Junta de Andalucía, tras considerar que los hechos podrían encajar en delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos y falsedad documental.

Este avance se produce en el contexto de una pieza separada del caso de los ERE, donde el Juzgado de Instrucción número 6 ha acordado continuar las diligencias contra siete ex funcionarios y cinco personas más, en relación con la entrega supuestamente irregular de ayudas sociales a extrabajadores de Delphi Automotive Systems España S.L. y su red de proveedores, que ascienden a más de 261 millones de euros.

El auto emitido el 15 de octubre destaca que el magistrado considera que los actos investigados podrían revelar delitos graves y ha trasladado el caso a la Fiscalía Anticorrupción. Los implicados tienen un plazo de 20 días para presentar acusaciones o solicitar el sobreseimiento de la causa, así como la posibilidad de realizar diligencias complementarias si lo consideran necesario.

El juez ha determinado que no se necesitan nuevas diligencias y ha decidido seguir adelante con el caso que involucra a cuatro ex viceconsejeros, dos ex directores generales del ámbito laboral y un ex director general de la agencia IDEA. También se investiga a representantes de los sindicatos CCOO y UGT, así como otros implicados en la formalización de pólizas de seguro relacionadas con el empleo.

Las "subvenciones excepcionales" mencionadas en el auto fueron financiadas a través de un programa presupuestario específico. Sin embargo, se han identificado otros tipos de ayudas que, aparentemente, fueron otorgadas sin ajustarse a la legalidad y que requieren una mayor indagación por parte de las autoridades.

El juez resalta que estas ayudas estaban relacionadas con Planes Personales de Inserción para los empleados de Delphi, pero sostiene que no se concedieron adecuadamente, sugiriendo que estos pagos no se llevaron a cabo conforme a la normativa vigente y carecían de un propósito público evidente.

En conclusión, el magistrado ha decidido sobreseer provisionalmente la causa con respecto a seis ex funcionarios que no presentan indicios claros de haber participado en los delitos investigados. En su fallo, el juez argumenta que, aunque ocupaban posiciones de responsabilidad, no hay pruebas sólidas que indiquen su actuación deliberada en las irregularidades señaladas.

La resolución del juez enfatiza la ilegalidad de las ayudas otorgadas en el marco de convenios firmados entre 2009 y 2010, que se habrían materializado a través de pólizas de prejubilación sin seguir los procedimientos legales apropiados. Estos fondos, que habrían sido utilizados irresponsablemente, suman alrededor de 261 millones de euros, reflejando una grave gestión de los recursos públicos.

La investigación continúa, buscando esclarecer la naturaleza de las asignaciones y la eventual culpabilidad de los involucrados en esta situación que ha suscitado gran interés y preocupación en la sociedad andaluza.