**MÁLAGA, 11 de marzo.** En una reciente decisión, la jueza Rosa María García Jover, responsable del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, ha denegado la solicitud de la Junta de Andalucía para personarse en la investigación abierta tras la denuncia presentada por Podemos Andalucía sobre un fraccionamiento de contratos en el ámbito sanitario que asciende a la increíble cifra de 235 millones de euros.

El auto emitido el 7 de marzo destaca que la jueza sostiene su decisión original del 11 de febrero, indicando que esta se mantiene firme en sus fundamentos y efectos. La Junta de Andalucía había apelado contra esta resolución sin éxito.

El pronunciamiento de la jueza permite que la Junta de Andalucía presente un recurso de apelación en un plazo de cinco días, plazo que comenzará a contarse desde que todas las partes sean notificadas, incluida la Fiscalía.

La magistrada argumentó que la petición de la Junta de Andalucía para ser parte del procedimiento, en términos cautelares, no era coherente, ya que el caso se encuentra en una etapa indiciaria y no se ha dirigido contra ninguna persona específica por el momento.

La jueza también señaló que, en caso de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se viera en la posición de ser considerado responsable civil, se le llamaría a declarar, o si se diera el caso de que se convirtiera en "perjudicada", entonces se podría aceptar su intervención en calidad de acusación particular.

El origen de esta controversia procesal se remonta a una providencia emitida el 11 de marzo de 2024, en la que se rechazó la solicitud de la Junta para tener representación en el caso, una postura que también respaldó el Ministerio Fiscal.

Durante una rueda de prensa celebrada en Málaga, Raquel Martínez, secretaria general de Podemos Andalucía, expresó su inquietud frente a las declaraciones del presidente Moreno Bonilla y su gabinete, quienes, a su juicio, intentan minimizar la importancia de este asunto.

Martínez recordó que la Junta trató de personarse en la causa sin clarificar su situación legal, un intento que fue desestimado por el juzgado, que ha reafirmado su negativa, respaldada por el Ministerio Fiscal.

La líder de Podemos Andalucía expresó su preocupación ante la reacción del Gobierno andaluz, señalando que no solo intentan restar gravedad al asunto públicamente, sino que también han mostrado desdén y burla, particularmente por parte de la portavoz Carolina España.

“Instamos al presidente Moreno Bonilla y a su gobierno a que pongan fin a los negocios ilegítimos en la sanidad pública andaluza”, añadió Martínez, quien enfatizó que se trata de un caso de fraccionamiento masivo de contratos por enormes sumas de dinero.

La coordinadora de Podemos Andalucía concluyó su intervención pidiendo al Gobierno andaluz un “basta ya de fraccionar contratos, de violar la ley”, advirtiendo sobre los peligros que implica utilizar recursos públicos para beneficiar a quienes buscan lucrarse en el campo de la salud.

“Exigimos al Gobierno de Moreno Bonilla que colabore con la justicia en este caso”, concluyó Martínez, enfatizando la urgencia de transparencia y responsabilidad.