El pasado 17 de noviembre, la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía anunció la licitación de un contrato que supera el millón de euros, que se destinará a la adquisición de papeletas, sobres e impresos para las próximas elecciones al Parlamento andaluz, programadas para el año 2026.

Según los datos compartidos por la Junta en su portal oficial y a los que Europa Press tuvo acceso, el costo total del contrato se establece en 1.218.978,53 euros, incluyendo el IVA, mientras que la estimación inicial se sitúa en 1.007.420,27 euros. El contrato deberá ejecutarse en un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de inicio que se especificará en el mismo.

El diseño de este contrato se basa en los precios fijados durante las adjudicaciones del año 2022, que corresponde a las últimas elecciones autonómicas. Además, se han actualizado los costos según los valores de las elecciones europeas del 2024, tal como fue indicado por el Ministerio del Interior.

El propósito de esta licitación es la producción y distribución de todos los materiales electorales necesarios para las elecciones autonómicas en las ocho capitales de provincia de Andalucía, así como en las delegaciones del Gobierno y en las Oficinas del Censo Electoral de cada provincia.

De acuerdo con el informe justificativo de la licitación, esta decisión se fundamenta en la necesidad de abastecerse de materiales conforme a las estipulaciones del Decreto 344/2011, que regula las condiciones para la utilización de espacios y recursos en las elecciones al Parlamento andaluz, a realizar en junio de 2026.

Las especificaciones de la contratación se han diseñado de manera que el volumen total de impresos a producir dependerá de diversos factores, como el número de mesas electorales y de electores, que serán determinados por la Oficina del Censo Electoral. Esto justifica que el contrato se formalice según lo previsto en la legislación sobre contratos del sector público, permitiendo que el proveedor entregue el material de manera escalonada y a precio unitario, en función de las necesidades de la administración.

Los detalles técnicos que regirán este suministro se encuentran establecidos en un pliego específico, que tomará en cuenta las recomendaciones de las autoridades electorales pertinentes sobre la documentación electoral necesaria.

La memoria también señala que el proveedor seleccionado deberá cumplir con la entrega progresiva de los materiales, ya que el volumen final de producción no podrá ser definido exacto antes de la celebración de las elecciones, siempre en función de las exigencias de la administración pública y de acuerdo con la normativa vigente.

La adjudicación de este contrato, que no se dividirá en diferentes lotes, se llevará a cabo mediante criterios que priorizarán la mejor relación calidad-precio, así como la eficiencia en la prestación del servicio, tomando en consideración la naturaleza del contrato en sí.

La elección de los criterios de adjudicación ha sido minuciosamente analizada para satisfacer las necesidades específicas de este suministro. Se evaluará la calidad del documento, incluyendo el diseño inclusivo que sirva a un amplio espectro de personas usuarias, y se buscarán estrategias que aporten seguridad y garantía en la entrega del material.

Además de lo anterior, se considerarán aspectos como el soporte técnico y las condiciones de entrega, incluyendo la puntualidad en la entrega y los compromisos sobre reposiciones que aseguren la continuidad del suministro.

La memoria justificativa recalca que el proveedor deberá contar con una infraestructura económica considerable que le permita asumir los costes asociados a la producción y entrega de los materiales dentro del plazo establecido, dado que este tipo de contrato implica un suministro urgente y voluminoso de material electoral.

Por último, el proveedor seleccionado deberá implementar medidas destinadas a reducir su huella de carbono, siendo necesario presentar un certificado de registro en este sentido, emitido por la autoridad ambiental competente. Además, se anticipa que cualquier cambio relacionado con la disolución anticipada del Parlamento o la modificación de la fecha de elecciones, deberá ser asumido por el contratista, y cualquier ajuste al proceso de producción y entrega se deberá llevar a cabo sin coste adicional al suministro acordado.