SEVILLA, 1 de febrero.

La Junta de Andalucía se manifiesta favorable a la recepción de propuestas que busquen enriquecer el marco normativo del "conflicto de intereses" para altos cargos, reconociendo la necesidad de adaptar las regulaciones a las mejores prácticas que se observan tanto a nivel nacional como regional.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, hizo esta declaración en respuesta escrita a preguntas formuladas por el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, que indagan sobre las obligaciones en cuanto a las declaraciones fiscales y la conexión de cónyuges o parejas de hecho de los altos cargos con entidades contratistas de la Junta.

María Márquez, portavoz del PSOE-A, junto con el diputado Mario Jiménez, había planteado en julio de 2025 una serie de cuestiones relacionadas, tales como la cantidad de altos funcionarios que han informado sobre las declaraciones tributarias de sus cónyuges o parejas de hecho y si estos tienen alguna vinculación con empresas o entidades que han establecido contratos o recibido subvenciones de la administración.

También solicitaron al consejero información sobre las medidas implementadas para identificar posibles conflictos de intereses que pudieran surgir de tales situaciones. Antonio Sanz respondió que, de acuerdo con la Ley 3/2005, de 8 de abril, sobre incompatibilidades de altos cargos y la Instrucción conjunta 1/2024, la presentación de información por parte de cónyuges o parejas de hecho es opcional.

Sanz aclaró que la normativa actual no obliga a que los cónyuges o parejas de altos cargos declaren su participación en empresas privadas, lo que significa que la administración no puede acceder a estos datos de manera obligatoria.

El consejero explicó que la Consejería de Función Pública ha implementado procesos de verificación que aseguran la coherencia entre los formularios tributarios y las autoliquidaciones presentadas, en línea con la instrucción conjunta mencionada.

Sanz defendió que la Ley 3/2005 es una de las normativas más estrictas en el país en cuanto a incompatibilidades y prevención de conflictos de intereses, habiendo sufrido múltiples modificaciones desde su aprobación para hacerse más rigurosa.

Citó el Decreto-ley 6/2024, que refuerza estas incompatibilidades estableciendo prohibiciones y la necesidad de autorización previa para actividades privadas en los dos años posteriores al cese, con el objetivo de prevenir conflictos de interés y promover la transparencia gubernamental.

A pesar de ello, Sanz subrayó que la Junta está dispuesta a considerar nuevas propuestas que ayuden a perfeccionar la normativa actual, siempre que se alineen con los parámetros y principios establecidos a nivel estatal y en otras comunidades autónomas, para asegurar la coherencia legal y la protección ante conflictos de intereses.

Además, el consejero destacó que se han puesto en marcha múltiples iniciativas para detectar y prevenir conflictos de intereses, entre ellas, la creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, establecida por la Ley 2/2021, que se encarga de investigar y proponer acciones contra prácticas corruptas en el ámbito público andaluz.

Antonio Sanz también mencionó el desarrollo de Planes de Medidas Antifraude (MRR) que permiten una gestión eficiente del riesgo de fraude y corrupción, con su seguimiento y evaluación en manos del Comité Antifraude establecido bajo el Decreto 188/2023.

Asimismo, se aprobó la Estrategia de Integridad Institucional de la Junta de Andalucía 2025-2030, una política enfocada en fortalecer los principios de ética pública y buen gobierno, decisiva en la lucha contra la corrupción.

A través de la Instrucción 1/2023, se ha creado también el Sistema Interno de Información (SII) para facilitar la denuncia de infracciones normativas y promover la protección de las personas que informan sobre corrupción, un paso para incentivar la transparencia dentro del gobierno andaluz.

Finalmente, el Decreto 103/2025 formaliza y regula dicho sistema, asegurando que la comunicación de infracciones sea segura y confidencial. En resumen, todas estas acciones configuran un robusto marco que busca fortalecer la integridad en la administración pública andaluza, promoviendo la transparencia y mitigando los riesgos de conflictos de intereses, concluyó Sanz en su respuesta a los diputados socialistas, fechada el 30 de septiembre de 2025 y difundida en enero en el boletín del Parlamento andaluz.