Justicia andaluza acorta condena a un agresor sexual de Sevilla gracias a la ley de consentimiento explícito
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reducido la condena impuesta por la Audiencia de Sevilla a un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija menor de edad de su pareja. La sentencia inicial de diez años de prisión ha sido rebajada a nueve años y un día, gracias a la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual. Esta ley unifica los delitos de abuso y agresión en un solo tipo y establece que en caso de colisión entre dos normas penales de vigencia temporal diferente, debe aplicarse la pena más favorable para el reo.
El caso se remonta a los años 2013 a 2015, cuando el acusado convivía con su pareja y su hija menor de edad en Sevilla. Durante ese período, el procesado llevó a cabo una serie de abusos sexuales continuados contra la menor, que incluían tocamientos, masturbación mutua y relaciones sexuales completas. La víctima relató los abusos en el juicio y su testimonio fue considerado creíble y verosímil por el tribunal.
El TSJA también tuvo en cuenta la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022 en este caso. Aunque la defensa del acusado no presentó alegaciones al respecto, la Fiscalía argumentó que la pena debía ser reducida a nueve años de prisión, siguiendo el criterio establecido por el tribunal en casos similares y avalado por el Tribunal Supremo.
En consecuencia, el TSJA desestimó el recurso de apelación del condenado y redujo su condena a nueve años y un día de cárcel. Además, se le impusieron penas de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por cuatro años, y de inhabilitación especial para cualquier profesión u actividad que implique contacto regular con menores de edad por 14 años y un día.
Esta sentencia pone de manifiesto la importancia de la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, que busca garantizar la protección de las víctimas de abuso y agresión sexual y proporcionarles una justicia más efectiva. Sin embargo, también plantea preguntas sobre la proporcionalidad de las penas impuestas en casos de este tipo y la necesidad de seguir combatiendo con todos los medios disponibles la violencia sexual contra los menores de edad.