El presidente del Tribunal Constitucional (TC) ha solicitado un informe sobre la capacidad de la Audiencia de Sevilla para presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

SEVILLA, 27 de marzo.

La Audiencia de Sevilla, cuya Sección Primera se encarga de dictar nuevas sentencias en torno a la anulación de condenas de una serie de implicados en el escándalo de los ERE, ha pedido aclaraciones al TC sobre el propósito de su reciente comunicación. En su petitorio, se cuestiona si el TC se ha excedido en su interpretación de los delitos de prevaricación y malversación, así como la posible incongruencia de esta interpretación con las obligaciones internacionales en materia de lucha anticorrupción.

Según la diligencia de orden emitida el miércoles, la Audiencia subraya que, al recibir una solicitud del secretario del TC para enviar testimonio sobre un acuerdo del 18 de marzo, requieren la aclaración de la finalidad detrás de esta solicitud. Este requerimiento se produce tras la decisión del TC de revisar la cuestión y tras el encargo de un informe a sus asesores legales sobre el potencial de la Audiencia para acudir al TJUE.

La mencionada providencia de la Audiencia se da en un contexto donde el TC, con el apoyo de siete magistrados frente a cuatro disidentes, aceptó de manera parcial los recursos de amparo presentados por exdirigentes del PSOE de la Junta de Andalucía anteriormente condenados por la Audiencia por prevaricación y en algunos casos malversación en relación a la gestión de los ERE fraudulentos.

Entre los condenados se encuentran figuras prominentes como Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes se han visto beneficiados por la reciente decisión del TC, que ha revocado las condenas anteriores y ordenado la emisión de nuevas sentencias considerando las argumentaciones legales presentadas por el tribunal constitucional.

El TC ha señalado que las decisiones tomadas por la Audiencia y el Tribunal Supremo han resultado ser una interpretación errónea de las normativas aplicables y han vulnerado derechos fundamentales protegidos por la Constitución española. En este sentido, ha enfatizado que la participación en la creación y aprobación de presupuestos no debería ser interpretada como una resolución administrativa que esté sujeta a las normativas penales.

Reacciones de las acusaciones populares, como el PP andaluz y Manos Limpias, han exigido que la Audiencia eleve el caso al TJUE, argumentando que las decisiones del TC generan un marco de impunidad que socava la lucha contra la corrupción. Aseguran que las sentencias del TC implican una falta de responsabilidad penal para los exdirigentes socialistas, lo que podría conllevar la caducidad de otras causas aún pendientes.

Ante tal panorama, la Audiencia ha dejado claro que, al emitir nuevas sentencias, deberá considerar la compatibilidad de las interpretaciones del TC con el Derecho de la Unión Europea. Así, ha abierto un período de diez días para que las partes interesadas presenten sus alegaciones sobre la posible presentación de una cuestión prejudicial ante el TJUE.

La Audiencia busca entender si el TC ha rebasado sus competencias en este caso, sobre todo al cuestionar los criterios interpretativos emitidos por el tribunal provincial y el Supremo en relación con el delito de malversación y prevaricación en el contexto de la gestión de los fondos públicos de la comunidad.

Asimismo, se plantea si las interpretaciones del TC respecto a las leyes presupuestarias de Andalucía de 2002 a 2009 contravienen las normativas comunitarias, lo que podría poner en riesgo la protección del patrimonio público y socavar la confianza ciudadana en la administración de recursos públicos por parte de los funcionarios.

Finalmente, la Sección Primera de la Audiencia cuestiona la posibilidad de que los tribunales ordinarios ignoren las sentencias del TC que consideran legales las acciones de los acusados en este contexto, lo que podría resultar en una despenalización de conductas que antes se consideraban ilícitas según el marco jurídico español.