El Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla ha afrontado este jueves la fase de conclusiones del juicio iniciado el pasado 4 de julio. La Junta de Andalucía reclama a la multinacional sueca Boliden 89,8 millones de euros por los costes de restauración ambiental tras la catástrofe de 1998 en la mina de Aznalcóllar.

Las conclusiones de cada una de las partes se presentaron después de la comparecencia pericial de una geóloga y consultora ambiental contratada por Boliden. La demanda de la Junta se dirige contra Boliden-Apirsa y las sociedades del mismo grupo Boliden AB y Boliden BV, por los gastos sufragados por la Administración autonómica.

El vertido de unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes en la cuenca del río Guadiamar afectó a más de 4.600 hectáreas, incluyendo zonas cercanas al parque natural de Doñana.

La Junta de Andalucía argumentó la necesaria actuación de la Administración ante la negativa de Boliden a asumir la retirada de los lodos. Las comparecencias testificales y periciales del juicio han demostrado la alarma social y económica causada por el vertido y los efectos negativos en el medio ambiente y la fauna local.

La legislación en materia de minería establece que los titulares de los derechos de actividad minera son responsables de los daños causados por su trabajo, según el artículo 81 de la Ley de Minas. Además, un decreto estatal obliga a los titulares de derechos de explotación minera a reparar los daños causados y compensar los efectos en el medio ambiente.

La representación de la Junta de Andalucía ha invocado el principio de "quien contamina, paga" de la Unión Europea, aplicable en este caso a Boliden como titular de la explotación minera.

La Justicia ha declarado que "quien crea un riesgo, debe responder" de las consecuencias, y toda la normativa nacional y europea respalda la acción reclamatoria de la Junta de Andalucía contra Boliden. También se menciona que Boliden cobró 67 millones de euros de las aseguradoras como resultado de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados.

La representación de la Junta afirmó que han quedado acreditadas las cantidades gastadas para la recuperación ambiental de la zona afectada por el vertido y que los terrenos no pueden ser restituidos a la finalidad de cultivo que tenían antes del desastre.

Además, se argumentó el levantamiento del velo como medida para evitar abusos en el uso de la personalidad jurídica de las empresas. Las abogadas de la Junta aseguraron que Boliden-Apirsa, Boliden AB y Boliden BV formaban un grupo unitario de empresas, donde Boliden-Apirsa era un mero departamento de estructura y titular formal de los derechos de explotación de la mina.

La representación de la Junta alertó sobre el posible fraude y uso abusivo de las personalidades jurídicas de las empresas para eludir la responsabilidad reclamada a través de la demanda.