SEVILLA, 27 de noviembre.— En un contexto de creciente preocupación por la corrupción en las instituciones, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de Andalucía, Antonio Sanz, ha manifestado este miércoles su "respeto" por la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Sevilla. Esta resolución condena a los exdirigentes del sindicato UGT en Andalucía por un delito de fraude en subvenciones, subrayando así los problemas de gestión que se vivieron en épocas pasadas bajo gobiernos socialistas.

La sentencia en cuestión ha resultado en la imposición de tres años de prisión y una multa de 50 millones de euros al exsecretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, quien fue hallado culpable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en combinación con un delito de fraude por haber desviado más de 40,6 millones de euros destinados a cursos de formación hacia actividades no relacionadas con el fin social de las ayudas. Además, el fallo judicial estipula que el sindicato deberá indemnizar a la administración autonómica por la misma cantidad.

En su intervención, Sanz afirmó: "En primer lugar, es fundamental mostrar nuestro respeto hacia las decisiones de la justicia, especialmente en un proceso que ha sido largo y en el cual la Junta de Andalucía actuó como acusación particular." Seguidamente, destacó que "actualmente, contamos con una Andalucía que es claramente diferente" a la que la sentencia retrata, evidenciando así un cambio en el estilo de gobernanza que se ha implantado bajo la administración de Juanma Moreno.

El consejero también hizo hincapié en que, gracias a las iniciativas impulsadas por el gobierno actual, se han establecido controles más rigurosos y se han implementado medidas legislativas y políticas que aseguran la no repetición de casos similares. Resaltó que "la lucha contra la corrupción y la prevención de estas situaciones son ahora pilares fundamentales" de la acción de la Junta de Andalucía.

Como ejemplos concretos de estas iniciativas, Sanz mencionó la creación de la Oficina Antifraude y el Cuerpo de Interventores, así como las medidas preventivas que se han incluido en la Ley de Incompatibilidades. También destacó la importancia de publicar todos los contratos en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía, lo que considera un "mecanismo esencial para prevenir la corrupción". Según el consejero, "esta sentencia ilustra una era de gobiernos socialistas que ya no refleja la nueva etapa que lidera Juanma Moreno".

Cuando se le preguntó acerca de si UGT-A ha comenzado el proceso de devolución de los fondos malversados, Sanz respondió que "la sentencia es reciente y todavía existen posibilidades de presentar recursos", sugiriendo que será necesario esperar a que se tomen decisiones por parte de todos los involucrados, incluyendo a la acusación popular, la acusación particular y los condenados.

Finalmente, Sanz comentó: "No voy a aventurarme a predecir lo que sucederá. Nos mantendremos atentos a los acontecimientos, pero, evidentemente, mi postura es de respeto hacia el sistema judicial, lo cual reafirma la idea de que esta sentencia es una representación de un pasado que ya no tiene cabida en los gobiernos de Juanma Moreno, donde se han implementado numerosas medidas de control y prevención para evitar que casos como este se repitan".