La Junta de Andalucía permitirá a los "grandes contribuyentes" mantener sus impuestos en la región tras la denegación de su recurso por parte del Tribunal Constitucional.

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El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), ha anunciado que el Gobierno andaluz ofrecerá a los grandes contribuyentes la opción de que sus impuestos se queden en Andalucía. Esta declaración se produce después de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia contra el impuesto a las grandes fortunas. Dicho impuesto se aplica al patrimonio neto de las personas físicas con más de tres millones de euros.

Moreno ha aprovechado este fallo del TC para resaltar que en 2024 se seguirá reduciendo los impuestos a los andaluces, a pesar de las acciones del Gobierno central. Esto demuestra la postura firme del presidente andaluz en busca de una reducción fiscal en la región.

En un foro informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, fue cuestionada sobre la posible reacción de la Junta en caso de que el Constitucional rechazara su recurso. La consejera pidió prudencia y esperar a conocer el pronunciamiento del TC. Además, reivindicó la decisión del Gobierno andaluz de eliminar el impuesto sobre el Patrimonio en la práctica, con una bonificación. Esta medida fue anunciada el año pasado por el presidente Moreno y provocó la implementación del impuesto sobre las grandes fortunas por parte del Gobierno central.

La consejera argumentó que el impuesto de Patrimonio era injusto y ahuyentaba la inversión y el ahorro. También señaló que no existe en ningún otro país de la Unión Europea, justificando así la posición inicial de eliminarlo. No obstante, Carolina España indicó que se espera la sentencia del Constitucional para valorarla y actuar en consecuencia.

Por parte del Tribunal Constitucional, los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, de orientación conservadora, han anunciado que presentarán votos particulares en contra de la decisión mayoritaria progresista en estas dos sentencias. Esto no sorprende, ya que el TC ya había rechazado una impugnación similar presentada por la Comunidad de Madrid en relación a este impuesto.

Los votos particulares cuestionarán la constitucionalidad del impuesto, argumentando que vulnera la autonomía financiera y política de las comunidades autónomas, y que su aprobación no respeta el principio democrático y el principio de legalidad tributaria. También se señalará que la sorpresiva aplicación del impuesto vulnera el principio de seguridad jurídica y la protección de la confianza legítima de los ciudadanos en los poderes públicos.

En resumen, el Gobierno andaluz ofrece una alternativa a los grandes contribuyentes para que sus impuestos se queden en la región, mientras continúa su lucha por reducir los impuestos en Andalucía. El rechazo del Tribunal Constitucional a los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia ha generado debate, con magistrados conservadores anunciando votos particulares en contra de la decisión mayoritaria. Se espera que la sentencia definitiva del Constitucional aclare la situación y permita a la Junta tomar las medidas necesarias.

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