La Junta de Andalucía respalda la reapertura de la mina de Aznalcóllar pese a críticas ambientales.

En Aznalcóllar (Sevilla), la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha comunicado este viernes sobre la resolución "definitiva" del recurso de alzada presentado contra la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para el proyecto de reapertura de la mina Los Frailes. La entidad Ecologistas en Acción-Andalucía, ha visto desestimadas sus pretensiones, ratificando así la plena legalidad de la AAU otorgada y levantando la suspensión de su ejecución.

El proceso administrativo para la reapertura de la mina Los Frailes comenzó en 2018, siguiendo estrictamente las normativas ambientales vigentes. La Junta ha asegurado que se ha garantizado el cumplimiento de la protección medioambiental durante todo el procedimiento, conforme a la Ley 7/2007 y el Decreto 356/2010.

Ecologistas en Acción-Andalucía presentó un recurso de alzada en agosto de 2024, argumentando diversas alegaciones relacionadas con la información pública, titularidad de la concesión minera y supuestas irregularidades en la Declaración de Impacto Ambiental. Tras un análisis detallado, la Consejería ha concluido que ningún argumento desvirtúa la legalidad de la AAU otorgada.

La resolución del recurso de alzada confirma que la AAU para la explotación de la mina Los Frailes cumple con todas las disposiciones ambientales vigentes. Se han corroborado que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental se realizó con participación pública y que la concesión minera cuenta con las autorizaciones necesarias.

La Consejería ha evaluado rigurosamente los posibles riesgos ambientales asociados a la actividad minera, asegurando que se han tomado todas las medidas preventivas necesarias. Se ha destacado el análisis de los vertidos al estuario del Guadalquivir, demostrando que cumplen con las Normas de Calidad Ambiental para proteger los ecosistemas fluviales.

La Consejería ha reafirmado su compromiso con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible en Andalucía. Todos los proyectos económicos están sometidos a estrictos controles ambientales para garantizar el respeto a los ecosistemas y la biodiversidad.