SEVILLA, 30 de enero. La Junta de Andalucía, dirigida por la Consejería de Desarrollo Educativo bajo el liderazgo de Carmen Castillo, ha desestimado las acusaciones de haber mostrado "faltas de respeto" hacia las familias de niños con necesidades educativas especiales. Esto se produce en el contexto de la reciente demanda del PSOE-A y Adelante Andalucía, quienes solicitaron la dimisión o el cese del delegado territorial de Desarrollo Educativo en Sevilla, Miguel Ángel Araúz Rivero, a raíz de varias quejas formuladas por las asociaciones de padres y madres (Ampas) referentes a la "falta de atención" hacia este colectivo vulnerable.

En una conferencia de prensa, la consejera Castillo defendió la figura del delegado territorial, describiéndolo como un “orientador sensible” que se preocupa profundamente por el bienestar de todos los niños, y especialmente de aquellos con necesidades educativas especiales. Según Castillo, su departamento está realizando un "esfuerzo altísimo" para brindar atención a este grupo, destacando que actualmente hay 13.600 profesionales dedicados a su educación, lo que representa un 40 por ciento más en comparación con hace cinco años.

Castillo también enfatizó que se están destinando 660 millones de euros a la atención de este alumnado. Aunque reconoció que las necesidades son vastas e insatisfechas, insistió en que se está haciendo "un gran esfuerzo" para mejorar la situación. La consejera aseguró que, en una reciente reunión, el delegado territorial compartió con las familias el compromiso de la consejería por hacer más, aunque subrayó que no se había faltado al respeto en ningún momento, refutando así las afirmaciones de los padres.

Además, la consejera mencionó que el éxito del proceso educativo depende también del apoyo de las familias: "Desde la Consejería, no avanzaremos si las familias no se involucran en la enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Estamos poniendo a disposición todos los recursos necesarios." Castillo defendió que el Gobierno de Juanma Moreno ha destinado el 20 por ciento de su presupuesto a educación y el 63 por ciento a necesidades sociales, reiterando su convicción de que es injusto desestimar el esfuerzo realizado.

La controversia se avivó cuando el PSOE-A y Adelante Andalucía solicitaron la salida inmediata del delegado Araúz Rivero, argumentando que los padres de niños con necesidades educativas especiales han sido objeto de un "absoluto desprecio" por parte del Gobierno. Ángeles Férriz, portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, afirmó que la reciente actuación del delegado ha sobrepasado los límites de la decencia, clamando por su destitución inmediata.

Férriz enfatizó la gravedad de las declaraciones del delegado, citando un ejemplo en el que se cuestionaba la necesidad de que un niño con autismo tuviera un acompañante para aprender a mover la lengua ante un espejo, lo que ella consideró una insensibilidad intolerable en materia educativa.

En esta línea, José Ignacio García, portavoz del Grupo Mixto de Adelante Andalucía, corroboró las preocupaciones de las familias tras la reunión con Araúz. Según García, varios asistentes abandonaron el encuentro visiblemente conmovidos y llorando, describiendo la inadecuada respuesta del delegado a sus preocupaciones sobre la falta de recursos y apoyo profesional para los estudiantes con necesidades educativas específicas.

Las declaraciones del delegado, como la que se refirió a una niña que había comenzado a hablar a la edad de nueve años, han suscitado indignación, planteándose cuestionamientos sobre la efectividad de las políticas educativas anunciadas por la Junta y su sensibilidad hacia las realidades que viven las familias con estos niños.