En una decisión tomada por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, se ha ordenado enviar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la documentación requerida sobre la autorización ambiental unificada (AAU) para el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar en Sevilla, liderado por la alianza empresarial formada por Grupo México y Minorbis. Todo esto en el contexto de un recurso contencioso administrativo presentado por Ecologistas en Acción contra dicha autorización.

Este paso se dio según una resolución emitida el pasado 3 de febrero por la Consejería, la cual fue recogida por Europa Press. En este documento, se ordena "la remisión de expedientes administrativos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, emplazando a los posibles interesados", ya que el tribunal había solicitado dicha documentación por segunda vez, incluso amenazando con una multa en caso de no cumplir con la petición.

En concreto, en una diligencia emitida el 17 de enero, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA abordó un recurso presentado por Ecologistas en Acción contra varios actos de la Junta relacionados con la autorización ambiental unificada otorgada a la empresa Minera Los Frailes, sociedad instrumental de Grupo México y Minorbis, para la explotación de la mina de Aznalcóllar, que aún está pendiente de una declaración de impacto ambiental.

Entre los actos impugnados se encuentra la resolución de la Consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente del 19 de septiembre de 2024, que rechaza la solicitud de los ecologistas de suspender la resolución autonómica del 11 de julio de 2024 sobre dicha autorización para la reapertura de la mina, la cual lleva cerrada desde 2002 tras el desastre ambiental de 1998 causado por la ruptura de la balsa de residuos de metales pesados en el complejo minero operado en ese entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

En este contexto, la mencionada diligencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA indica que, con respecto al recurso de los ecologistas contra estos actos, se deberá reclamar de nuevo el expediente administrativo a la Consejería que, de no hacerlo en el plazo indicado, podría enfrentar multas sucesivas hasta cumplir con lo requerido.

Ante esto, la Consejería pidió una extensión del plazo para enviar la documentación, debido a "la gran cantidad de archivos que deben ser indexados correctamente antes de su remisión", destacando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la normativa ambiental en relación con el proyecto de reapertura de la mina Los Frailes.

Este proyecto tiene previsto la creación de unos 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos para extraer 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos durante al menos 17 años después de los tres primeros años de reacondicionamiento de la mina, a pesar de las preocupaciones expresadas por organizaciones ecologistas sobre su impacto en el medio ambiente y los recursos hídricos.

Advierten que el proyecto supone "verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados durante 18 años y medio, en dirección al Estuario del Guadalquivir", con consecuencias en una zona declarada como de Especial Conservación de la Red Natura 2000.