La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Andalucía ha presentado un informe técnico al Gobierno central con el fin de solicitar la revisión de una reciente Orden del Ministerio de Hacienda. Esta Orden establece una reducción de los índices de rendimiento neto, conocidos como módulos del IRPF, que afectará a la actividad agraria durante el ejercicio 2024.

Ramón Fernández-Pacheco, consejero andaluz de Agricultura, ha subrayado que las principales organizaciones agrarias respaldan esta iniciativa de la Junta, especialmente para regiones como El Ejido, en Almería, que han sufrido severas dificultades a lo largo de la campaña agrícola.

Fernández-Pacheco ha destacado la importancia de los informes que justifican la demanda de reducir los módulos en más de un 30% para el próximo año. Según él, no solo la Junta de Andalucía habla en nombre de los productores, sino que son las organizaciones agrarias de la provincia las que piden a España que tome en cuenta su situación actual y modifique el Real Decreto correspondiente.

El objetivo de la Junta es ajustar estos módulos a la realidad del campo andaluz, que ha estado bajo presión debido a factores como la sequía, fenómenos meteorológicos adversos como las DANA, y la aparición de plagas y enfermedades, tal como han indicado en un comunicado oficial.

Desde la perspectiva del Gobierno andaluz, la modificación de la reducción de módulos es esencial para ofrecer un apoyo efectivo a los agricultores y ganaderos de la región. Aseguran que la actual reducción de impuestos no capta la magnitud de los daños y las particularidades del sector agrario andaluz.

Los productores del sector primario están comprometidos con un arduo trabajo diario que garantiza el suministro de alimentos de calidad a los mercados. En este sentido, la Consejería de Agricultura ya envió en febrero un informe al Ministerio de Agricultura respaldando su propuesta de rebaja en los módulos.

Sin embargo, el Gobierno nacional ha desestimado varias de las solicitudes planteadas desde Andalucía. Una de las más significativas es la demanda de una reducción general del 35% para todas las producciones agrícolas y forestales, que en ciertos casos particulares podría ser de hasta un 45% debido a circunstancias excepcionales en 2024, como es el caso de los cultivos hortícolas, cereales, cítricos y otros sectores vulnerables.

A pesar de la complicada situación que enfrentan los productores andaluces, el Estado ha decidido no considerar la reducción de los módulos adecuados, lo que ha generado descontento en la comunidad agraria.

Con respecto a la ganadería, la Junta ha requerido una disminución del 50% en los módulos aplicables a todas las producciones, además de ajustes específicos para sectores críticos. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha optado por no permitir una reducción general en este ámbito.

Además, han señalado que no se ha llevado a cabo la disminución solicitada para la apicultura y los sectores de carne y leche. Por ejemplo, el módulo para la producción apícola fue establecido en 0,13, mientras que se había solicitado un 0,02; en el caso del ovino y caprino de leche, se fijó en 0,18 en lugar del 0,07 requerido; y para el sector de carne ovina y caprina, el módulo quedó en 0,09, lejos del 0,04 solicitado.

Particularmente, se hace hincapié en la necesidad de ajustar los módulos para agricultores de El Ejido y Berja, donde se han registrado pérdidas de rendimiento superiores al 30% debido a varios factores adversos. La Junta insiste en que el índice aplicable debería reducirse del 0,26 al 0,08 en estos municipios.

El informe elaborado por técnicos de la Consejería también destaca las desigualdades generadas por la exclusión de ciertos municipios con condiciones similares a otros que sí se benefician de mayores reducciones en los módulos de 2024.

Productores sevillanos de flor cortada, así como profesionales del olivar de lugares como El Rubio y Marinaleda, junto a agricultores de algodón de localidades como Los Palacios, Dos Hermanas y Utrera, se encuentran en esta situación de desventaja.

Ante esta problemática, la Junta de Andalucía exige una revisión urgente de la Orden que asegure la equidad territorial y la viabilidad de miles de explotaciones que han enfrentado circunstancias complejas en el último año.