SEVILLA, 7 de noviembre.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha manifestado este jueves que la Junta de Andalucía se encuentra en una posición de "tranquilidad" tras el anuncio de que la Fiscalía Anticorrupción ha decidido asumir la investigación sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esta causa se ha abierto en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla a raíz de una denuncia interpuesta por el grupo socialista en el Parlamento andaluz, que cuestiona al Gobierno regional liderado por el popular Juanma Moreno por presuntas irregularidades de malversación y prevaricación.

En una entrevista para Canal Sur Radio divulgada por Europa Press, España aclaró que la situación actual dista de los escándalos de corrupción que han sacudido al país en el pasado. “Aquí no se está hablando de comisiones ni de productos cuyo precio se haya inflado, como en el caso de las mascarillas que desaparecieron después de ser compradas a precios exorbitantes. Esto no tiene nada que ver con el caso Koldo”, enfatizó la consejera, subrayando la naturaleza de los contratos como procedimientos administrativos de emergencia necesarios durante la crisis sanitaria del Covid-19 en 2021.

La portavoz del Ejecutivo andaluz insistió en que la aceptación de la denuncia por parte de la Fiscalía “forma parte del proceso” y destaca que el hecho de que la denuncia se haya presentado correctamente indica que se han seguido los canales adecuados. “Estamos tranquilos, así que hemos decidido colaborar plenamente con la justicia y mantener la máxima transparencia”, apuntó España.

Por último, Carolina España recalcó que los contratos de emergencia en cuestión fueron establecidos con el “objetivo fundamental de salvar vidas y proteger la salud de los profesionales”. En este contexto, afirmó que “este es un procedimiento administrativo que se encuentra en desarrollo” y reiteró que es fundamental diferenciar este caso de otras investigaciones pasadas. “Es crucial que todos comprendan que esto no es un caso Koldo”, concluyó la consejera, dejando claro su compromiso con la legalidad y la ética en la gestión pública durante tiempos difíciles.