SEVILLA, 12 de mayo.

Este lunes, la Junta de Andalucía ha decidido incorporarse al procedimiento que se lleva a cabo en la Audiencia Provincial de Sevilla con el fin de respaldar la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta solicitud surge en consecuencia de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, que han estimado parcialmente los recursos de amparo de algunos ex altos cargos socialistas en relación al escándalo de los ERE fraudulentos.

El anuncio fue realizado por Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, quien ha indicado que ha ordenado al Gabinete Jurídico del Gobierno andaluz que actúe en este caso para defender los intereses de la ciudadanía andaluza. Sanz enfatizó que esta acción busca proteger los derechos de todos los ciudadanos afectados por este gran escándalo de corrupción.

En sus declaraciones, Sanz subrayó la importancia de esta acción judicial para intentar recuperar los casi 700 millones de euros que se han perdido. El caso de los ERE es considerado el mayor episodio de corrupción en la historia política española, y la Junta se ha comprometido a hacer todo lo posible por restituir este dinero que fue malversado.

Además, el consejero ha resaltado que la Junta apoyará a la Audiencia de Sevilla en su decisión de buscar una aclaración legal ante la justicia europea sobre si el Tribunal Constitucional ha sobrepasado sus competencias. Este proceso coincide con la tercera jornada de deliberaciones de la Audiencia para decidir si se plantea esta cuestión ante el TJUE.

Desde el Gobierno andaluz, se han detallado los pasos a seguir, indicando que la Junta presentará un escrito con argumentos que justifican la necesidad de elevar esta cuestión prejudicial al tribunal europeo, en un esfuerzo por esclarecer la situación legal que podría estar favoreciendo la impunidad en el caso de corrupción más grande de España.

Sanz ha manifestado que la Junta está preocupada por el posible efecto de las últimas sentencias del Tribunal Constitucional, que podrían facilitar una impunidad parcial en este importante caso, afectando así a la posibilidad de recuperar los fondos defraudados.

Asimismo, la Junta argumenta que las recientes decisiones del Constitucional podrían impedir la reparación adecuada de los daños causados a los intereses de Andalucía, generando un entorno donde la impunidad podría prevalecer, tanto a nivel penal como civil.

La posición de la Junta es clara: como entidad afectada en este caso, es vital que se tenga en cuenta su voz ante el TJUE. Sanz destacó que, a pesar de que en el pasado la Junta retiró su acusación en este caso, ahora, bajo la nueva administración, hay un interés legítimo y apremiante de volver a participar para recuperar los fondos públicos que pertenecen a los ciudadanos andaluces.

El consejero de la Presidencia también mencionó que es una obligación conforme al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea recuperar los fondos malversados, y ha reforzado este objetivo con acciones tanto civiles como penales, en un esfuerzo constante por abordar la corrupción en todas sus formas.

A lo largo de los últimos años, bajo la dirección de Juanma Moreno, la Junta ha implementado iniciativas para recuperar los fondos, presentando demandas ante el Tribunal de Cuentas y llevando a cabo revisiones de oficio de las ayudas concedidas, encontrando incluso beneficiarios ilegítimos.

Esta situación resalta la importancia de que la Junta de Andalucía actúe en defensa de sus intereses patrimoniales en el ámbito internacional y ante los tribunales europeos. Sanz dejó claro que si no se presenta esta personación en el proceso penal 45/22, se corre el riesgo de perder la oportunidad de ser escuchados por el TJUE.

Desde la Junta, también se argumenta que el Tribunal Constitucional ha invadido competencias que deberían ser de la jurisdicción de los tribunales ordinarios. Estas decisiones judiciales han tenido un impacto negativo en la recuperación económica de la Junta y podrían incluso contradecir las normativas comunitarias en materia de lucha contra la corrupción.

Con esta nueva acción, la Junta de Andalucía busca no solo defender sus legítimos intereses, sino también contribuir a un esfuerzo mayor en la lucha contra la corrupción política, reafirmando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.