En Cádiz, a fecha de 19 de marzo, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha anunciado que ha solicitado su intervención en el caso que se investiga en el Juzgado de Instrucción número tres de la ciudad, relacionado con la concesión de contratos en este organismo. Esta medida tiene como objetivo personarse como "posible responsable civil subsidiario", un paso que podría tener importantes implicaciones legales.

Dicha solicitud, fechada el 17 de marzo, representa un segundo avance en este proceso judicial, que ha sido abordado por la Junta de Andalucía en cuestión de días. Apenas el 10 de marzo, la jueza Rosa María García Jover autorizó la incorporación del SAS al caso, aceptando su estatus como "parte perjudicada" a raíz de la petición realizada por la Administración regional.

La letrada del SAS, María Angustias Moreno, argumenta en su presentación que su representación ha tomado conocimiento sobre las investigaciones relacionadas con las Diligencias Previas y que es fundamental personarse legalmente en el caso como posible responsable. La abogada ha solicitado que la jueza acepte esta nueva consideración y que, a partir de ese momento, todas las diligencias se gestionen bajo este nuevo marco, además de facilitar a la jueza información sobre la dirección de la Asesoría Jurídica Provincial del SAS para notificaciones y comunicaciones relacionadas con el proceso.

El contexto legal en el que se encuentra este caso está definido por el Código Penal, que establece la responsabilidad civil derivada de delitos y costas procesales. En el artículo 121, se especifica que varios entes públicos, incluida la comunidad autónoma, pueden ser considerados responsables subsidiarios de daños causados por acciones delictivas realizadas por autoridades o funcionarios en el ejercicio de sus funciones, siempre que la lesión derive del funcionamiento de servicios públicos que tienen a su cargo.

Además, el artículo 126 del Código Penal indica que los pagos realizados por el responsable civil subsidiario deberán destinarse a la reparación del daño causado y a la indemnización de los perjuicios sufridos. Este marco legal refuerza la necesidad de que el SAS se posicione en este proceso judicial de manera clara y estructurada.

La solicitud del SAS ha sido abordada por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, durante una rueda de prensa llevada a cabo tras el Consejo de Gobierno. Al ser cuestionada sobre la decisión del SAS de considerarse tanto parte perjudicada como responsable civil subsidiario, España aseguró que la postura del Gobierno andaluz es de total tranquilidad y que tal dualidad no es contradictoria.

La consejera subrayó que el objetivo del Gobierno andaluz es colaborar sinceramente con la justicia y aportar toda la información necesaria para aclarar esta situación lo más pronto posible. Explicó que la decisión tomada ha sido asesorada por los servicios jurídicos de la Junta, quienes han considerado que esta estrategia es la más adecuada ante la situación actual.