En Sevilla, el 28 de abril, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha dado un paso significativo al aprobar el Plan de Inspección Universitaria de Andalucía para el período 2025-2026. Este será el segundo plan implementado por el gobierno autonómico para supervisar las actividades de las instituciones de educación superior. El consejero José Carlos Gómez Villamandos ha oficializado esta decisión y, a principios de abril, también firmó la creación de un sistema de identificación para los inspectores.

El enfoque del nuevo plan se centra en la regulación de las universidades privadas, en contraste con las públicas que ya cuentan con diversos mecanismos de supervisión, como las auditorías externas y la supervisión de los Consejos Sociales, según indica un comunicado de la Junta.

Según se detalla en el BOJA, el plan trae consigo dos importantes novedades que ampliarán su alcance y duración. Primero, su aplicación se extenderá a universidades privadas de reciente creación y a centros que ofrezcan títulos bajo sistemas educativos extranjeros. Segundo, la vigencia del plan se incrementará de uno a dos años, facilitando así la finalización de tareas en curso y la incorporación de nuevos proyectos.

La estrategia bienal del plan se estructurará en dos ejes fundamentales. El primero contempla visitas de inspección a estas universidades privadas para verificar que cumplen con los requisitos necesarios para su establecimiento y funcionamiento. La intención es garantizar que respeten los compromisos adquiridos al recibir su estatus universitario.

Adicionalmente, se supervisará que la denominación de "universidad" y otros títulos oficiales solo se utilicen cuando se cumplan los criterios apropiados, evitando confusiones al público. La ley también asegurará que solo instituciones que cumplan con todas las normativas ofrezcan enseñanzas que conduzcan a grados, másteres y doctorados.

Las universidades inspeccionadas deberán colaborar plenamente con la Consejería, facilitando la documentación requerida y permitiendo el acceso a sus instalaciones. Además, se solicitarán auditorías y memorias anuales que detallen todas las actividades educativas y de investigación, así como la situación financiera de la institución.

En paralelo a la supervisión de universidades privadas, el plan también seguirá de cerca a los centros que imparten enseñanzas según sistemas educativos extranjeros. En la planificación previa, ya se realizó un estudio para identificar estas instituciones en las ocho provincias de Andalucía.

Para PDI, se confirmará que la proporción de docentes cumpla con los estándares establecidos. Al menos la mitad de ellos deben ser doctores en sus respectivas áreas de conocimiento. Aquellos que no sean doctores deberán poseer al menos un título de licenciatura, arquitecto, ingeniero o similar.

En cuanto a los centros extranjeros, se verificará que las enseñanzas están activas y que sus planes de estudio cumplen con los estándares de sus universidades de origen. También se confirmará que los títulos ofrecidos han pasado por los procesos de evaluación requeridos y que se garantice la continuidad de los estudios en caso de que una institución cesara su actividad.

Los inspectores tendrán la capacidad de solicitar certificaciones y verificar la idoneidad de las instalaciones, asegurando también que no haya publicidad engañosa acerca de la naturaleza de los títulos ofrecidos. La supervisión recae en los secretarios generales provinciales de las delegaciones territoriales educativas y será respaldada por la futura Ley de Universidades Para Andalucía (LUPA).